Hasta el momento, cuando un consumidor estaba insatisfecho, se llamaba a conciliación y, de no haber acuerdo, la empresa pagaba una multa que iba a las arcas de la Ciudad. Ahora, el dinero irá para los damnificados. El resarcimiento podría ser de hasta 5.300 pesos
La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que permite que los consumidores insatisfechos con un producto o con un servicio no recibido no sólo puedan hacer la denuncia a la Defensa del Consumidor, sino también reclamar un resarcimiento económico por las molestias ocasionadas. De todas formas, aún falta que el Ejecutivo la promulgue, algo que se supone ocurrirá en los próximos días.
Hasta el momento, si un consumidor no recibía su producto o servicio, se hacía una denuncia y la Defensa del Consumidor porteña trataba de llegar a un acuerdo entre las partes mediante llamados a conciliación. Si no se llegaba a un arreglo, la empresa debía pagar una multa que se destinaba al Gobierno y el damnificado no obtenía ningún beneficio, a no ser que iniciara un juicio por daños y perjuicios.
Sin embargo, con esta ley, impulsada por Ivana Centanaro (del kirchnerismo) y por Gerardo Ingaramo (del macrismo), se verán beneficiados, sobre todo, aquellas personas que realizaron la denuncia por cuestiones menores. Así, se buscará compensar el tiempo que se perdió y los gastos ocasionados, y reembolsar el dinero en caso de haber puesto una seña que no haya sido devuelta.
En total, se podrá reclamar hasta el equivalente a cinco canastas básicas, lo que en el presente equivale a 5.300 pesos.
Ante qué circunstancia se puede denunciar
La denuncia puede realizarse cuando el individuo se vea afectado por una empresa privada, pero con respecto a las empresas que prestan servicios públicos sólo se podrá hacer un reclamo sobre cuestiones contractuales (como el incumplimiento de la fecha para instalar una conexión de electricidad), pero no por cuestiones técnicas (como la baja de tensión en un departamento). En este último caso, habrá que seguir el reclamo ante el ente que corresponda.
Cómo es el trámite
El damnificado deberá presentarse en cualquiera de los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad y dirigirse al sector de Defensa del Consumidor. Allí, deberá dar sus datos personales, explicar en qué consiste el hecho denunciado, adjuntar comprobantes de la compra o contratación del servicio incumplido y aclarar que se solicita resarcimiento por daño directo con un monto específico que pueda ser justificado.
Una vez hecho el trámite, la dirección de Jurídicas de Defensa del Consumidor llamará a conciliación y resolverá si el pedido es justo o no, e incluso si se debe resarcir aunque no lo haya pedido el damnificado.
Fuente: Infobae.com
viernes, 7 de noviembre de 2008
martes, 23 de septiembre de 2008
Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho
Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál?
Por Enrique Colombano
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál? Sí. Adivinó. Francisco Cabrera desea fomentar las inversiones y no se le ocurrió mejor idea que desmantelar la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDPC) y pasarle el control de la pelota a los CGP Comunales, que dependen de la Jefatura de Gabinete. Todo bajo la bandera de la descentralización, que durante la administración Macri dejó de flamear en un ministerio para tibiamente ondear en una dirección general, es decir, un área de tercer nivel.
Lo que estamos contando en estas líneas es la historia no oficial que manejan los diputados porteños. No oficial porque, según supo NOTICIAS URBANAS, fue negada por el ministro en los diálogos telefónicos que mantuvo con algunos de los exacerbados legisladores. La desmentida no impidió que el diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) redactara, con el apoyo explícito de Ivana Centanaro (FPV) -titular de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios- y de varios legisladores más, un proyecto para que el Parlamento porteño manifieste su "preocupación" ante la eventualidad de este cierre.
¿Cuáles son los peligros que, de concretarse, esconde esta movida gubernamental? Para los empleados que trabajan en la DGDPC, el mayor riesgo es el despido. Para los usuarios y consumidores, que sus reclamos queden en la nada.
PILAS DE DENUNCIAS
La DGDPC recibió el año pasado 9.428 presentaciones de usuarios por abusos empresariales y este año, 7.800 más. Las denuncias pueden realizarse directamente en el edificio central, Esmeralda 340, o en los CGPC, que funcionan como ventanillas de atención.
Los expedientes sin resolución caducan a los tres años. A pesar de contar con una vasta estructura, la DGDPC tuvo que emitir este año una resolución dando de baja 2.000 expedientes vencidos durante 2006 y 2007. No hacen falta más datos para imaginarse qué puede pasar si la Dirección desaparece y es suplantada por un mini departamento que coordine las presentaciones de los usuarios en los CGPC, tal como amenaza la versión que manejan los diputados. Lo más probable es que las acciones de defensa del consumidor se vean reducidas a la mera recepción formal de reclamos por parte del Gobierno porteño.
Los rubros que están al tope de los cuestionamientos son los mismos de siempre: telefonía celular, cable /internet y empresas de electrodomésticos que no respetan las garantías de los productos. Una vez efectuada la queja, la DGDPC procede a citar a las partes en disputa a una audiencia voluntaria. No es necesario concurrir con un letrado patrocinante. Se le explica a la parte demandada cómo es la ley y que, de comprobarse su culpabilidad, se le puede aplicar una multa de hasta 5 millones de pesos. Seis de cada diez casos, en promedio, llegan a una conciliación en esa instancia. Si no hay acuerdo, el expediente pasa a un cuerpo de abogados que dictamina y procede a multar a las empresas que considere incumplidoras de la ley nacional 24.240, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa norma, recientemente modificada, incorporó el recurso de daño directo, que establece que la empresa multada debe, además, indemnizar al consumidor o usuario perjudicado en la medida del daño causado. Por cuestiones operativas, esto aún no se aplica en la Ciudad, donde los usuarios sólo son resarcidos en caso de conciliación. En la DGDPC también funciona el área que vela por el cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial y que castiga a las compañías que, por ejemplo, hacen publicidad engañosa.
"Muchos legisladores porteños, y algunos medios, nos han hecho llegar la preocupación respecto del análisis que está realizando en estos momentos el Gobierno de Mauricio Macri, a partir de la iniciativa del Ministro del Área, Francisco Cabrera, para disolver las oficinas de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor. De tomarse esta decisión, el Jefe de Gobierno encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada", advierte la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, en el sitio web de esa organización. Allí se denuncia que el gobierno de Macri "quiere anular y disolver la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional". La versión difiere en este último punto de la que circula en la Legislatura. Pero no en la cuestión central.
El día previo a la última sesión -que finalmente se cayó- y por pedido del titular del bloque PRO, Oscar Moscariello, los diputados de la oposición habían aceptado transformar el proyecto que declaraba la preocupación del cuerpo legislativo en un pedido de informes al Gobierno porteño. Se trata de un cambio que busca bajar los decibeles a la disputa. Se entiende: una declaración da por sentado el hecho; un pedido de informes, en cambio, interroga sobre su existencia. Y así, si el ambiente se calienta demasiado, el Ejecutivo puede negar todo.
El mejor de los escenarios, entonces, es el siguiente: la oposición se conforma con que Cabrera retroceda y acá no ha pasado nada. En el Gobierno dirán que hubo un poco de paranoia legislativa.
Y estas líneas serán un nuevo invento del periodismo.
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál?
Por Enrique Colombano
El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál? Sí. Adivinó. Francisco Cabrera desea fomentar las inversiones y no se le ocurrió mejor idea que desmantelar la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDPC) y pasarle el control de la pelota a los CGP Comunales, que dependen de la Jefatura de Gabinete. Todo bajo la bandera de la descentralización, que durante la administración Macri dejó de flamear en un ministerio para tibiamente ondear en una dirección general, es decir, un área de tercer nivel.
Lo que estamos contando en estas líneas es la historia no oficial que manejan los diputados porteños. No oficial porque, según supo NOTICIAS URBANAS, fue negada por el ministro en los diálogos telefónicos que mantuvo con algunos de los exacerbados legisladores. La desmentida no impidió que el diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) redactara, con el apoyo explícito de Ivana Centanaro (FPV) -titular de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios- y de varios legisladores más, un proyecto para que el Parlamento porteño manifieste su "preocupación" ante la eventualidad de este cierre.
¿Cuáles son los peligros que, de concretarse, esconde esta movida gubernamental? Para los empleados que trabajan en la DGDPC, el mayor riesgo es el despido. Para los usuarios y consumidores, que sus reclamos queden en la nada.
PILAS DE DENUNCIAS
La DGDPC recibió el año pasado 9.428 presentaciones de usuarios por abusos empresariales y este año, 7.800 más. Las denuncias pueden realizarse directamente en el edificio central, Esmeralda 340, o en los CGPC, que funcionan como ventanillas de atención.
Los expedientes sin resolución caducan a los tres años. A pesar de contar con una vasta estructura, la DGDPC tuvo que emitir este año una resolución dando de baja 2.000 expedientes vencidos durante 2006 y 2007. No hacen falta más datos para imaginarse qué puede pasar si la Dirección desaparece y es suplantada por un mini departamento que coordine las presentaciones de los usuarios en los CGPC, tal como amenaza la versión que manejan los diputados. Lo más probable es que las acciones de defensa del consumidor se vean reducidas a la mera recepción formal de reclamos por parte del Gobierno porteño.
Los rubros que están al tope de los cuestionamientos son los mismos de siempre: telefonía celular, cable /internet y empresas de electrodomésticos que no respetan las garantías de los productos. Una vez efectuada la queja, la DGDPC procede a citar a las partes en disputa a una audiencia voluntaria. No es necesario concurrir con un letrado patrocinante. Se le explica a la parte demandada cómo es la ley y que, de comprobarse su culpabilidad, se le puede aplicar una multa de hasta 5 millones de pesos. Seis de cada diez casos, en promedio, llegan a una conciliación en esa instancia. Si no hay acuerdo, el expediente pasa a un cuerpo de abogados que dictamina y procede a multar a las empresas que considere incumplidoras de la ley nacional 24.240, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa norma, recientemente modificada, incorporó el recurso de daño directo, que establece que la empresa multada debe, además, indemnizar al consumidor o usuario perjudicado en la medida del daño causado. Por cuestiones operativas, esto aún no se aplica en la Ciudad, donde los usuarios sólo son resarcidos en caso de conciliación. En la DGDPC también funciona el área que vela por el cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial y que castiga a las compañías que, por ejemplo, hacen publicidad engañosa.
"Muchos legisladores porteños, y algunos medios, nos han hecho llegar la preocupación respecto del análisis que está realizando en estos momentos el Gobierno de Mauricio Macri, a partir de la iniciativa del Ministro del Área, Francisco Cabrera, para disolver las oficinas de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor. De tomarse esta decisión, el Jefe de Gobierno encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada", advierte la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, en el sitio web de esa organización. Allí se denuncia que el gobierno de Macri "quiere anular y disolver la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional". La versión difiere en este último punto de la que circula en la Legislatura. Pero no en la cuestión central.
El día previo a la última sesión -que finalmente se cayó- y por pedido del titular del bloque PRO, Oscar Moscariello, los diputados de la oposición habían aceptado transformar el proyecto que declaraba la preocupación del cuerpo legislativo en un pedido de informes al Gobierno porteño. Se trata de un cambio que busca bajar los decibeles a la disputa. Se entiende: una declaración da por sentado el hecho; un pedido de informes, en cambio, interroga sobre su existencia. Y así, si el ambiente se calienta demasiado, el Ejecutivo puede negar todo.
El mejor de los escenarios, entonces, es el siguiente: la oposición se conforma con que Cabrera retroceda y acá no ha pasado nada. En el Gobierno dirán que hubo un poco de paranoia legislativa.
Y estas líneas serán un nuevo invento del periodismo.
lunes, 25 de agosto de 2008
Jornada de Actualización en Defensa del Consumidor
Mañana 26/08/2008, de 18 a 19 hs, se llevarán a cabo otra Jornadas organizada por la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad.
Esta vez, los temas serán:
“LEALTAD COMERCIAL SORTEOS Y EXHIBICION DE PRECIOS”, por la Cra. Griselda A. VARELA, Coordinadora del Área de Publicidad de Defensa del Consumidor de la Nación.
“PUBLICIDAD ENGAÑOSA”, por el DR. Jorge A. SURIN, del Área de Control de Publicidad Defensa del Consumidor GCBA.
“LOS CONSUMIDORES Y LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS”, por la DRA. Beatríz GARCIA BUITRAGO, Presidenta de Asociación “Consumidores Argentinos”
CIERRE DE LAS JORNADAS a cargo de la Dra. Ivana C. CENTANARO, Presidenta de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad de Bs As
INSCRIPCION 4338-3143
SalónSe entrega Certificado de Asistencia.
Montevideo Peru 130
Fuente: NoticiasDeConsumo.com
Esta vez, los temas serán:
“LEALTAD COMERCIAL SORTEOS Y EXHIBICION DE PRECIOS”, por la Cra. Griselda A. VARELA, Coordinadora del Área de Publicidad de Defensa del Consumidor de la Nación.
“PUBLICIDAD ENGAÑOSA”, por el DR. Jorge A. SURIN, del Área de Control de Publicidad Defensa del Consumidor GCBA.
“LOS CONSUMIDORES Y LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS”, por la DRA. Beatríz GARCIA BUITRAGO, Presidenta de Asociación “Consumidores Argentinos”
CIERRE DE LAS JORNADAS a cargo de la Dra. Ivana C. CENTANARO, Presidenta de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad de Bs As
INSCRIPCION 4338-3143
SalónSe entrega Certificado de Asistencia.
Montevideo Peru 130
Fuente: NoticiasDeConsumo.com
viernes, 8 de agosto de 2008
La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cada vez gana más terreno.
Los jueces recurren a esa norma para condenar a bancos, financieras y prepagas. En esta oportunidad, sancionaron a una empresa de concesión vial.
La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) se expande casi a todas las relaciones comerciales. En esta oportunidad, la Justicia se valió de esa normativa para condenar a una concesionaria vial por los daños que sufrió un automovilista a causa de un accidente en una ruta.
DC es una norma que protege a usuarios y a consumidores por los daños que éstos sufren en la relación de consumo. Su uso resulta cada vez más frecuente y los jueces ya la están aplicando para sancionar a bancos, empresas de servicios financieros y prepagas.
Dentro de este contexto, los especialistas indican que la utilización de esta norma está creciendo, en parte, a causa de su reciente modificación legislativa.
Sucede que en abril pasado el Congreso aprobó una reforma a la LDC que, entre otras cuestiones, estableció la posibilidad de que los usuarios pudieran reclamar en la Justicia por una nueva categoría de perjuicio, al consagrar el resarcimiento del “daño punitivo” hasta un tope de $5 millones. (Nota)
Es por eso que los abogados recalcan que la reforma potenciará los reclamos de los consumidores, y que esa ley se aplicará crecientemente por los tribunales a fin de condenar a compañías de distintos rubros y por las más variadas causas.
El caso
En esta oportunidad, los jueces tomaron como base esa ley para condenar a una empresa de concesión vial por los daños sufridos por un automovilista, quien sufrió un accidente al momento de transitar la ruta concesionada.
El tribunal adoptó esta determinación en la causa "Parisotti Crisanto c/ Camino del Atlántico S.A. s/ Daños y perjuicios" (ver fallo completo provisto por elDial.com).
Los jueces indicaron que “el vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual, que hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al usuario con el concesionario en una típica relación de consumo”. Por eso, los magistrados establecieron que la responsabilidad de la empresa tenía origen contractual y se tornaba operativa por las previsiones de la LDC.
“El fundamento de la responsabilidad objetiva reposa sobre el deber de seguridad, que ha sido receptado normativamente en la LDC, según el cual las cosas o servicios deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”, sostuvieron.
Es decir, para el tribunal, la responsabilidad de la compañía no descansa en una causal subjetiva como la culpa, la negligencia o el dolo, sino en un factor objetivo, como el deber de seguridad y protección de los bienes del usuario que la empresa concesionaria debe garantizar.
Además, los jueces precisaron los efectos que tiene la LDC al establecer que la Constitución Nacional adopta la expresión "relación de consumo" para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con “una visión más amplia” a todas las circunstancias que rodean o se refieren a la satisfacción y la demanda de bienes y servicios.
Deber de seguridad
Esteban Rópolo, socio de Baker & McKenzie, resaltó que los jueces condenaron a la concesionaria vial por la violación del deber de seguridad consagrada en la LDC. “Este deber de seguridad en cabeza de quien comercializa bienes o servicios es aplicado crecientemente por los tribunales a fin de condenar a empresas de los más variados rubros y por las más diversas causas”, advirtió.
El abogado recordó una sentencia reciente donde -aplicando esa misma normativa- se condenó a un banco a indemnizar a un cliente por el robo sufrido a través de un cajero automático.
“Dicha condena se fundamentó en la obligación del banco de garantizar un entorno seguro al cliente para que éste pueda realizar sus operaciones bancarias”, dijo.
Y agregó: "El deber de seguridad, y la responsabilidad objetiva (sin culpa), se han ido extendiendo a la totalidad de las relaciones de consumo”.
A fin de evitar demandas de consumidores de este estilo, el especialista puntualizó que las empresas deberán probar que han tomado todas las medidas a su alcance necesarias para garantizar al consumidor el “uso pacífico y sin riesgos” de los bienes y servicios que aquellas comercializan.
Aplicación cotidiana
Para Ignacio Mazzocco, Profesor Titular y Director de Educación Profesional de la Universidad Torcuato Di Tella, el régimen de Defensa del Consumidor está siendo aplicado asiduamente por los tribunales a la gran mayoría de relaciones comerciales habituales y cotidianas, y este hecho genera un sinnúmero de contingencias que deben ser analizadas dentro de cada industria.
Al comentar el caso en particular, el abogado dijo que la cámara aplicó en la causa las previsiones de la ley 24.240 en forma directa, y siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema en el caso “Ferreyra”.
Mazzocco manifestó que, en este último caso, la Corte sostuvo que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual de consumo que tiene recepción normativa en la LDC.
Más rubros, más reclamos
En julio pasado, la justicia comercial condenó a un banco por la extracción irregular de fondos efectuada por terceros, mediante la confección de una tarjeta de débito “melliza” a la del cliente afectado.
El tribunal validó la aplicación de la LDC al precisar que esa norma debía ser aplicada en las relaciones existentes entre los bancos y los usuarios, para proteger a la parte más débil en la relación. (ver nota: "Fraude bancario: lo engañaron y ahora obligan a la entidad a indemnizarlo").
De la misma manera, la Justicia también extendió la aplicación de la LDC a las relaciones existentes entre los afiliados y las empresas de medicina prepaga. Así, en julio pasado, un tribunal multó a una prepaga por negarse a cubrir un tratamiento. (ver nota: "Multan a prepaga por negarse a cubrir operación").
Los jueces analizaron que el contrato que unía a la paciente con la prepaga "se caracteriza por ser uno de adhesión, de consumo y de larga duración. Quien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación".
"Los contratos que vinculan a una medicina prepaga con sus clientes son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, por lo que el poder de negociación de las partes es diferente, pudiendo presentar desequilibrios en la relación contractual que ocasionen perjuicios a la parte más débil -adherente-", concluyeron.
Fuente: InfoBaeProfesional.com
La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) se expande casi a todas las relaciones comerciales. En esta oportunidad, la Justicia se valió de esa normativa para condenar a una concesionaria vial por los daños que sufrió un automovilista a causa de un accidente en una ruta.
DC es una norma que protege a usuarios y a consumidores por los daños que éstos sufren en la relación de consumo. Su uso resulta cada vez más frecuente y los jueces ya la están aplicando para sancionar a bancos, empresas de servicios financieros y prepagas.
Dentro de este contexto, los especialistas indican que la utilización de esta norma está creciendo, en parte, a causa de su reciente modificación legislativa.
Sucede que en abril pasado el Congreso aprobó una reforma a la LDC que, entre otras cuestiones, estableció la posibilidad de que los usuarios pudieran reclamar en la Justicia por una nueva categoría de perjuicio, al consagrar el resarcimiento del “daño punitivo” hasta un tope de $5 millones. (Nota)
Es por eso que los abogados recalcan que la reforma potenciará los reclamos de los consumidores, y que esa ley se aplicará crecientemente por los tribunales a fin de condenar a compañías de distintos rubros y por las más variadas causas.
El caso
En esta oportunidad, los jueces tomaron como base esa ley para condenar a una empresa de concesión vial por los daños sufridos por un automovilista, quien sufrió un accidente al momento de transitar la ruta concesionada.
El tribunal adoptó esta determinación en la causa "Parisotti Crisanto c/ Camino del Atlántico S.A. s/ Daños y perjuicios" (ver fallo completo provisto por elDial.com).
Los jueces indicaron que “el vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual, que hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al usuario con el concesionario en una típica relación de consumo”. Por eso, los magistrados establecieron que la responsabilidad de la empresa tenía origen contractual y se tornaba operativa por las previsiones de la LDC.
“El fundamento de la responsabilidad objetiva reposa sobre el deber de seguridad, que ha sido receptado normativamente en la LDC, según el cual las cosas o servicios deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”, sostuvieron.
Es decir, para el tribunal, la responsabilidad de la compañía no descansa en una causal subjetiva como la culpa, la negligencia o el dolo, sino en un factor objetivo, como el deber de seguridad y protección de los bienes del usuario que la empresa concesionaria debe garantizar.
Además, los jueces precisaron los efectos que tiene la LDC al establecer que la Constitución Nacional adopta la expresión "relación de consumo" para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con “una visión más amplia” a todas las circunstancias que rodean o se refieren a la satisfacción y la demanda de bienes y servicios.
Deber de seguridad
Esteban Rópolo, socio de Baker & McKenzie, resaltó que los jueces condenaron a la concesionaria vial por la violación del deber de seguridad consagrada en la LDC. “Este deber de seguridad en cabeza de quien comercializa bienes o servicios es aplicado crecientemente por los tribunales a fin de condenar a empresas de los más variados rubros y por las más diversas causas”, advirtió.
El abogado recordó una sentencia reciente donde -aplicando esa misma normativa- se condenó a un banco a indemnizar a un cliente por el robo sufrido a través de un cajero automático.
“Dicha condena se fundamentó en la obligación del banco de garantizar un entorno seguro al cliente para que éste pueda realizar sus operaciones bancarias”, dijo.
Y agregó: "El deber de seguridad, y la responsabilidad objetiva (sin culpa), se han ido extendiendo a la totalidad de las relaciones de consumo”.
A fin de evitar demandas de consumidores de este estilo, el especialista puntualizó que las empresas deberán probar que han tomado todas las medidas a su alcance necesarias para garantizar al consumidor el “uso pacífico y sin riesgos” de los bienes y servicios que aquellas comercializan.
Aplicación cotidiana
Para Ignacio Mazzocco, Profesor Titular y Director de Educación Profesional de la Universidad Torcuato Di Tella, el régimen de Defensa del Consumidor está siendo aplicado asiduamente por los tribunales a la gran mayoría de relaciones comerciales habituales y cotidianas, y este hecho genera un sinnúmero de contingencias que deben ser analizadas dentro de cada industria.
Al comentar el caso en particular, el abogado dijo que la cámara aplicó en la causa las previsiones de la ley 24.240 en forma directa, y siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema en el caso “Ferreyra”.
Mazzocco manifestó que, en este último caso, la Corte sostuvo que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual de consumo que tiene recepción normativa en la LDC.
Más rubros, más reclamos
En julio pasado, la justicia comercial condenó a un banco por la extracción irregular de fondos efectuada por terceros, mediante la confección de una tarjeta de débito “melliza” a la del cliente afectado.
El tribunal validó la aplicación de la LDC al precisar que esa norma debía ser aplicada en las relaciones existentes entre los bancos y los usuarios, para proteger a la parte más débil en la relación. (ver nota: "Fraude bancario: lo engañaron y ahora obligan a la entidad a indemnizarlo").
De la misma manera, la Justicia también extendió la aplicación de la LDC a las relaciones existentes entre los afiliados y las empresas de medicina prepaga. Así, en julio pasado, un tribunal multó a una prepaga por negarse a cubrir un tratamiento. (ver nota: "Multan a prepaga por negarse a cubrir operación").
Los jueces analizaron que el contrato que unía a la paciente con la prepaga "se caracteriza por ser uno de adhesión, de consumo y de larga duración. Quien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación".
"Los contratos que vinculan a una medicina prepaga con sus clientes son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, por lo que el poder de negociación de las partes es diferente, pudiendo presentar desequilibrios en la relación contractual que ocasionen perjuicios a la parte más débil -adherente-", concluyeron.
Fuente: InfoBaeProfesional.com
martes, 5 de agosto de 2008
Multaron a Coto por violar la ley de Defensa del Consumidor
La cadena de supermercados no cumplió con toda la información que requiere la norma en una promoción de productos. “Ha quedado suficientemente claro que se trata de una infracción formal que no requiere la existencia de perjuicio concreto alguno en terceros”, dijo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al confirmar la multa de 10 mil pesos.
Contencioso Administrativo Federal, en autos caratulados “Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ DNCI - Disp 334/06”, confirmaron la multa de 10 mil pesos que la Secretaría de Comercio Interior le impuso en marco de 2006 al supermercado Coto por no informar debidamente los alcances en una promoción para la compra de carnes, pastas y rotisería en violación a la ley de Defensa del Consumidor. “Ha quedado suficientemente claro que se trata de una infracción formal que no requiere la existencia de perjuicio concreto alguno en terceros, bastando para su configuración el mero incumplimiento, por lo que los agravios relativos a este punto carecen de sustento”, sostuvieron los magistrados.
Coto dijo que se trató de un error involuntario y que ningún cliente se quejó ni presentó denuncias. Agregó que cumplió con los términos de la publicidad y pidió que se tuvieran en cuenta la inexistencia de antecedentes de la empresa.
La publicidad en debate es la que ofertó un “20% descuento en carnes de novillo, pastas elaboración propia y rotisería con todos los medios de pago” “desde el 23/09/2005 al 24/09/2005 o hasta agotar stock disponible, lo que ocurra con anterioridad”.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le impuso una mula de 10.000 pesos por violar el artículo 7 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo 7° del decreto 1798/04 que imponen la obligación de informar la cantidad de productos que tiene la promoción.
“La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones”, señala la ley de Defensa del Consumidor en su capítulo III sobre las condiciones de la oferta y la demanda.
“Si la función de la publicidad en cuestión era poner en conocimiento del público la existencia de ofertas, ante el poder masivo de difusión que genera el aviso por el medio a través del cual fue publicado, se infería que la sumariada esperaba un alto nivel de captación de público, de manera que la mención de la cantidad de productos disponibles ofertados resultaba un elemento esencial, a fin de que el consumidor no viera frustrada su intención de concretar la compra por indisponibilidad”, resumieron los camaristas los argumentos de la Secretaría.
Para los jueces los argumentos de la apelación de Coto “en modo alguno logran desvirtuar los fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad administrativa para decidir como lo hizo, limitándose a ser una mera reproducción de argumentos vertidos con anterioridad, debidamente abordados, desarrollados y desechados en la resolución atacada”.
"Coto Centro Int. de Comercializacion SA c/ DNCI - Disp 334/06"
Fuente: DiarioJudicial.com.ar
Contencioso Administrativo Federal, en autos caratulados “Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ DNCI - Disp 334/06”, confirmaron la multa de 10 mil pesos que la Secretaría de Comercio Interior le impuso en marco de 2006 al supermercado Coto por no informar debidamente los alcances en una promoción para la compra de carnes, pastas y rotisería en violación a la ley de Defensa del Consumidor. “Ha quedado suficientemente claro que se trata de una infracción formal que no requiere la existencia de perjuicio concreto alguno en terceros, bastando para su configuración el mero incumplimiento, por lo que los agravios relativos a este punto carecen de sustento”, sostuvieron los magistrados.
Coto dijo que se trató de un error involuntario y que ningún cliente se quejó ni presentó denuncias. Agregó que cumplió con los términos de la publicidad y pidió que se tuvieran en cuenta la inexistencia de antecedentes de la empresa.
La publicidad en debate es la que ofertó un “20% descuento en carnes de novillo, pastas elaboración propia y rotisería con todos los medios de pago” “desde el 23/09/2005 al 24/09/2005 o hasta agotar stock disponible, lo que ocurra con anterioridad”.
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le impuso una mula de 10.000 pesos por violar el artículo 7 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo 7° del decreto 1798/04 que imponen la obligación de informar la cantidad de productos que tiene la promoción.
“La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones”, señala la ley de Defensa del Consumidor en su capítulo III sobre las condiciones de la oferta y la demanda.
“Si la función de la publicidad en cuestión era poner en conocimiento del público la existencia de ofertas, ante el poder masivo de difusión que genera el aviso por el medio a través del cual fue publicado, se infería que la sumariada esperaba un alto nivel de captación de público, de manera que la mención de la cantidad de productos disponibles ofertados resultaba un elemento esencial, a fin de que el consumidor no viera frustrada su intención de concretar la compra por indisponibilidad”, resumieron los camaristas los argumentos de la Secretaría.
Para los jueces los argumentos de la apelación de Coto “en modo alguno logran desvirtuar los fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad administrativa para decidir como lo hizo, limitándose a ser una mera reproducción de argumentos vertidos con anterioridad, debidamente abordados, desarrollados y desechados en la resolución atacada”.
"Coto Centro Int. de Comercializacion SA c/ DNCI - Disp 334/06"
Fuente: DiarioJudicial.com.ar
viernes, 1 de agosto de 2008
Entidades de defensa al consumidor, juntas contra la suba de energía.
Diferentes organismos realizarán una presentación conjunta ante el Ministerio de Planificación, que anunció aumentos en parte de las tarifas eléctricas. La Defensoría del Pueblo adelantó que va a “impugnar el instrumento utilizado" para determinar el incremento
Diferentes entidades de defensa de los consumidores del país realizarán una presentación ante el Ministerio de Planificación de la Nación, en la que cuestionarán la legalidad del aumento que la cartera a cargo de Julio de Vido anunció para la energía. Los organismos sostienen que el gobierno debía convocar una audiencia pública para consensuar el ajuste, cosa que no se realizó, por lo que también movilizó a la Defensoría del Pueblo a “impugnar el instrumento utilizado" para determinar el incremento.
Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) son algunas de las organizaciones que este jueves se expedirán ante Planificación, según publica el sitio lanacion.com.
El presidente de la primera, Pedro Bussetti, manifestó que en 2005 el gobierno quedó en convocar a una audiencia pública para definir próximas alzas, algo que "nunca hizo", por lo que "esta suba no es legal" y "no es cierto que sólo alcance al 25 por ciento de los hogares", y por eso realizará la presentación.
De la misma también se hará eco el CEC, según señaló su presidenta, Susana Andrada, que también repudió la medida aunque aclaró que había que empezar a actualizar tarifas. "Esta es una forma de reducir los subsidios –disparó–, mecanismos muy oscuros que maneja el Estado para que no suban las tarifas de nada. La tarifa social, planteada sobre la base de un estudio socio ambiental, debería empezar a implementarse de una vez por todas".
La Defensoría del Pueblo también puso el grito en el cielo
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se manifestó en contra de la suba y consideró que "no se puede discutir el aumento de tarifas en un marco de ilegalidad”, por lo que se va a “impugnar el instrumento utilizado"
“Nos hubiera gustado que el Congreso aprobara la carta de entendimiento y que hubiera habido audiencia pública como marca la ley –remarcó el ombudman–; así que vamos a impugnar el instrumento utilizado".
La polémica se desató tras que este miércoles el gobierno nacional autorizara una suba en las tarifas de luz para los usuarios de mayor consumo de Buenos Aires y La Plata, y los del interior a los que provee Transener. En Santa Fe, la EPE le compra a esta distribuidora, aunque aún se encuentra en análisis de qué manera puede impactar la iniciativa en el bolsillo de los consumidores.
Fuente: Rosario3.com
Diferentes entidades de defensa de los consumidores del país realizarán una presentación ante el Ministerio de Planificación de la Nación, en la que cuestionarán la legalidad del aumento que la cartera a cargo de Julio de Vido anunció para la energía. Los organismos sostienen que el gobierno debía convocar una audiencia pública para consensuar el ajuste, cosa que no se realizó, por lo que también movilizó a la Defensoría del Pueblo a “impugnar el instrumento utilizado" para determinar el incremento.
Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) son algunas de las organizaciones que este jueves se expedirán ante Planificación, según publica el sitio lanacion.com.
El presidente de la primera, Pedro Bussetti, manifestó que en 2005 el gobierno quedó en convocar a una audiencia pública para definir próximas alzas, algo que "nunca hizo", por lo que "esta suba no es legal" y "no es cierto que sólo alcance al 25 por ciento de los hogares", y por eso realizará la presentación.
De la misma también se hará eco el CEC, según señaló su presidenta, Susana Andrada, que también repudió la medida aunque aclaró que había que empezar a actualizar tarifas. "Esta es una forma de reducir los subsidios –disparó–, mecanismos muy oscuros que maneja el Estado para que no suban las tarifas de nada. La tarifa social, planteada sobre la base de un estudio socio ambiental, debería empezar a implementarse de una vez por todas".
La Defensoría del Pueblo también puso el grito en el cielo
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se manifestó en contra de la suba y consideró que "no se puede discutir el aumento de tarifas en un marco de ilegalidad”, por lo que se va a “impugnar el instrumento utilizado"
“Nos hubiera gustado que el Congreso aprobara la carta de entendimiento y que hubiera habido audiencia pública como marca la ley –remarcó el ombudman–; así que vamos a impugnar el instrumento utilizado".
La polémica se desató tras que este miércoles el gobierno nacional autorizara una suba en las tarifas de luz para los usuarios de mayor consumo de Buenos Aires y La Plata, y los del interior a los que provee Transener. En Santa Fe, la EPE le compra a esta distribuidora, aunque aún se encuentra en análisis de qué manera puede impactar la iniciativa en el bolsillo de los consumidores.
Fuente: Rosario3.com
viernes, 25 de julio de 2008
Defensa del Consumidor dedica un día entero a la semana a las denuncias contra Arnet / Telecom
Misiones
Las quejas más importantes en cantidad dentro de lo que recibe la Dirección de Defensa del Consumidor en Misiones están centradas en servicios de Internet y telefonía. En ese contexto es que desde esa repartición desde hace tiempo dedican toda la jornada de los días lunes a atender exclusivamente las denuncias por mal servicio presentadas por usuarios de la prestataria Arnet / Telecom que encabeza por buena diferencia los listados de expedientes abiertos en sus rubros.
Fabián Nucci, director de Defensa del Consumidor de la Subsecretaría de Comercio Interior de Misiones comentó a Radio Antena Uno que la “telefonía celular es el rubro con mayor cantidad de denuncias dentro de las cuales muchas son por mal servicio y otras por facturación errónea”.
“Sin embargo es internet uno de los servicios que tiene más problemas según las denuncias de la gente” explicó Nucci.
“Nosotros dedicamos un día exclusivo de trabajo, el lunes, a las denuncias contra una misma empresa Arnet / Telecom”, puntualizó el funcionario. (Antena Misiones)
Fuente: OberaOnline.com.ar
Las quejas más importantes en cantidad dentro de lo que recibe la Dirección de Defensa del Consumidor en Misiones están centradas en servicios de Internet y telefonía. En ese contexto es que desde esa repartición desde hace tiempo dedican toda la jornada de los días lunes a atender exclusivamente las denuncias por mal servicio presentadas por usuarios de la prestataria Arnet / Telecom que encabeza por buena diferencia los listados de expedientes abiertos en sus rubros.
Fabián Nucci, director de Defensa del Consumidor de la Subsecretaría de Comercio Interior de Misiones comentó a Radio Antena Uno que la “telefonía celular es el rubro con mayor cantidad de denuncias dentro de las cuales muchas son por mal servicio y otras por facturación errónea”.
“Sin embargo es internet uno de los servicios que tiene más problemas según las denuncias de la gente” explicó Nucci.
“Nosotros dedicamos un día exclusivo de trabajo, el lunes, a las denuncias contra una misma empresa Arnet / Telecom”, puntualizó el funcionario. (Antena Misiones)
Fuente: OberaOnline.com.ar
martes, 22 de julio de 2008
Publicación: 21/07/2008 Temática: Politica PARA BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES Ingaramo presentará un libro "Ley de Defensa del Consumidor"
PARA BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES
El día martes 22 de Julio, a las 18, el diputado porteño, Gerardo Ingaramo (PRO), realizará en la Legislatura un encuentro donde se presentará el libro "Ley de Defensa del Consumidor" de los autores, Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe.
En el salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, el diputado por el PRO Gerardo Ingaramo realizará el martes 22 de julio, a partir de las 18, un acto donde se presentará el libro del Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe, titulado "Ley de Defensa del Consumidor".
El libro describe, comenta y analiza la nueva ley de Defensa al Consumidor y usuarios (24.240 con la reforma de la ley 26.361). El fin de este libro es dar a conocer al público los alcances de dicha ley y su utilidad en la cotidianeidad de los vecinos porteños.
Además, al encuentro acudirán autoridades de las Asociaciones de Consumidores, representantes del Poder Judicial y Ejecutivo de la CABA, y legisladores nacionales y del ámbito local.
Fuente: NoticiasUrbanas.com.ar
El día martes 22 de Julio, a las 18, el diputado porteño, Gerardo Ingaramo (PRO), realizará en la Legislatura un encuentro donde se presentará el libro "Ley de Defensa del Consumidor" de los autores, Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe.
En el salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, el diputado por el PRO Gerardo Ingaramo realizará el martes 22 de julio, a partir de las 18, un acto donde se presentará el libro del Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe, titulado "Ley de Defensa del Consumidor".
El libro describe, comenta y analiza la nueva ley de Defensa al Consumidor y usuarios (24.240 con la reforma de la ley 26.361). El fin de este libro es dar a conocer al público los alcances de dicha ley y su utilidad en la cotidianeidad de los vecinos porteños.
Además, al encuentro acudirán autoridades de las Asociaciones de Consumidores, representantes del Poder Judicial y Ejecutivo de la CABA, y legisladores nacionales y del ámbito local.
Fuente: NoticiasUrbanas.com.ar
viernes, 18 de julio de 2008
Las firmas de medicina prepaga suben la cuota hasta 11%
Ya comenzaron a comunicarles el incremento a sus afiliados. Arguyen que no tienen otra salida dado el alza de los costos de salarios e insumos. Antes de fin de año, habrá otro aumento.
Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar las "temidas" cartas a sus afiliados, en las que adelantan que se hará efectivo un aumento de la cuota entre 9 y 11 por ciento entre agosto y septiembre.
La suba será similar a la que ya informaron los hospitales de comunidad, como el Británico, el Alemán o el Italiano; y como aquellos, las prepagas argumentan que no tienen otra salida para paliar los continuos aumentos de los costos salariales y los insumos.
La notificación de las empresas debe llegar con un mes de antelación, según la normativa vigente, por eso las prepagas que aún no enviaron las cartas se están apurando por hacerlo.
En enero las prepagas ya habían aumentado un 24% sus cuotas, también como forma de compensar las subas de costos del año pasado.
Para noviembre habrá un nuevo aumento, que regirá recién a partir de diciembre, y entre ambos ajustes la cuota se habrá incrementado entre 20 y 25 por ciento.
Claro está, que las actualizaciones no están relacionadas exclusivamente con la suba de los insumos, sino también con la reapertura de la paritaria del sindicato de sanidad en todas las ramas de su convenio colectivo.
Los trabajadores intentarán sellar un aumento salarial del 15% a partir de agostos y otro de 10% a partir de diciembre, según publica hoy un matutino porteño.
Hoy en día, la medicina privada atiende a cerca de 4 millones de personas, de las cuales el 70% obtienen el servicio a través de sus empleados, en los denominados planes corporativos.
Fuente: InfoBae.com
jueves, 17 de julio de 2008
Defensa del Consumidor podrá multar a los comercios infractores
CORRIENTES
Los usuarios podrán ser defendidos y reclamar ante la oficina municipal.
A partir de los próximos días, los correntinos podrán recurrir a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que los podrá defender gracias a la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de la ordenanza que regula el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y el usuario. La misma se creará en el ámbito de la Secretaría de Gobierno.
Así como también, pero en el ámbito de la Justicia de Faltas, se creará el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor y Protección del Usuario.
Según la ordenanza aprobada, las multas para los comercios infractores irán desde los $100 hasta los $500.000, decomiso de mercaderías, clausura del comercio y pérdida de concesiones.
El procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 podrán iniciarse, según lo establecido en la ordenanza, de oficio o por denuncia de los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva.
En cuanto a la iniciación del sumario por denuncia, la misma podrá formalizarse por escrito o verbalmente, dejando debida constancia en este último caso. En ambos dos, se adjuntarán las pruebas y se dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real del denunciante.
En caso de constatar la infracción, se intimará al infractor a que abone su importe y acredite su pago en el término de diez días hábiles, debiendo demostrarse el depósito mediante boletas respectivas, sin cuyo requisito el crédito no se tendrá por cancelado. Por otra parte, la ley señala que la falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de apremio.
Mientras que si la condena es el decomiso de la mercadería y/o el producto de la infracción, el Municipio lo hará efectivo bajo constancia en acta.
Cabe señalar que la ordenanza establece en su capítulo de sanciones, que las mismas se aplicarán en forma independiente o conjunta, según las circunstancias de cada caso.
En ese sentido, se destaca que se impondrá la sanción administrativa de contrapublicidad al denunciado que mediante información publicidad incurra en prácticas engañosas o abusivas en infracción a las normas nacionales vigentes y a dicha ordenanza.
Por ello, los consumidores correntinos que sean engañados durante la compra o adquisición de algún producto que se les entregue dañado por ejemplo, podrán realizar, en caso de no recibir solución a sus reclamos en el comercio, la denuncia correspondiente en la oficina que pronto será creada en el ámbito municipal.
Según se establece, los importes de las multas serán destinados al sostenimiento de los gastos que demanden su cumplimiento y para promover la educación del consumidor.
Funciones de la entidad
La función de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y protección al Usuario será la de prestar asesoramiento y evaluar consultas; brindar información, orientación y educación al consumidor; efectuar controles sobre productos y servicios; recibir denuncias y recepcionar los correspondientes descargos; propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva en el ámbito de competencia municipal.
Además, le corresponderá colaborar con los gobiernos provincial y municipal en campañas de información, difusión y educación para el consumo. Así como también asistir al Juzgado Municipal en lo que necesite.
Fuente: SietePuntasDigital.com
Los usuarios podrán ser defendidos y reclamar ante la oficina municipal.
A partir de los próximos días, los correntinos podrán recurrir a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que los podrá defender gracias a la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de la ordenanza que regula el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y el usuario. La misma se creará en el ámbito de la Secretaría de Gobierno.
Así como también, pero en el ámbito de la Justicia de Faltas, se creará el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor y Protección del Usuario.
Según la ordenanza aprobada, las multas para los comercios infractores irán desde los $100 hasta los $500.000, decomiso de mercaderías, clausura del comercio y pérdida de concesiones.
El procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 podrán iniciarse, según lo establecido en la ordenanza, de oficio o por denuncia de los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva.
En cuanto a la iniciación del sumario por denuncia, la misma podrá formalizarse por escrito o verbalmente, dejando debida constancia en este último caso. En ambos dos, se adjuntarán las pruebas y se dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real del denunciante.
En caso de constatar la infracción, se intimará al infractor a que abone su importe y acredite su pago en el término de diez días hábiles, debiendo demostrarse el depósito mediante boletas respectivas, sin cuyo requisito el crédito no se tendrá por cancelado. Por otra parte, la ley señala que la falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de apremio.
Mientras que si la condena es el decomiso de la mercadería y/o el producto de la infracción, el Municipio lo hará efectivo bajo constancia en acta.
Cabe señalar que la ordenanza establece en su capítulo de sanciones, que las mismas se aplicarán en forma independiente o conjunta, según las circunstancias de cada caso.
En ese sentido, se destaca que se impondrá la sanción administrativa de contrapublicidad al denunciado que mediante información publicidad incurra en prácticas engañosas o abusivas en infracción a las normas nacionales vigentes y a dicha ordenanza.
Por ello, los consumidores correntinos que sean engañados durante la compra o adquisición de algún producto que se les entregue dañado por ejemplo, podrán realizar, en caso de no recibir solución a sus reclamos en el comercio, la denuncia correspondiente en la oficina que pronto será creada en el ámbito municipal.
Según se establece, los importes de las multas serán destinados al sostenimiento de los gastos que demanden su cumplimiento y para promover la educación del consumidor.
Funciones de la entidad
La función de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y protección al Usuario será la de prestar asesoramiento y evaluar consultas; brindar información, orientación y educación al consumidor; efectuar controles sobre productos y servicios; recibir denuncias y recepcionar los correspondientes descargos; propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva en el ámbito de competencia municipal.
Además, le corresponderá colaborar con los gobiernos provincial y municipal en campañas de información, difusión y educación para el consumo. Así como también asistir al Juzgado Municipal en lo que necesite.
Fuente: SietePuntasDigital.com
martes, 8 de julio de 2008
HIPER RODÓ: SANCIÓN POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN SAN ISIDRO
La firma Bosán SA (Hiper Rodó) recibió una sanción de 5 mil pesos en la Oficina Muncipal (OMIC) de San Isidro a cargo del Dr. Vázquez Pol.
El motivo fue la denuncia de una señora que vió una publicidad en el Dirio Clarín el 11/8/07, en la cual se ofertaba un DVD Phillips a $219. Pero, cuando cuando fue a la sucursal de Unicenter, el vendedor le aclaró que no era Phillips sino otra marca de inferior calidad “Maxcanavox”.
Se consideró que hubo infracción a los artículos 4 (deber de Información objetiva, veráz, detallada, eficaz y suficiente), artículo 7 (cumplimiento de la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados) y artículo 8 (las precisiones formuladas en la publicidad obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor).
No hubo acuerdo entre la empresa y la denunciante en las audiencias conciliatorias, por lo que se inició un expediente y finalmente, Hiper Rodó terminó sancionada (con posibilidad de ser recurrida para su revisión).
OMIC San Isidro
Responsable: Dr. Martin Vazquez Pol
Teléfono: 4575-4006
Dirección: Martin y Omar 89
Fuente: NoticiasDeConsumo.com
El motivo fue la denuncia de una señora que vió una publicidad en el Dirio Clarín el 11/8/07, en la cual se ofertaba un DVD Phillips a $219. Pero, cuando cuando fue a la sucursal de Unicenter, el vendedor le aclaró que no era Phillips sino otra marca de inferior calidad “Maxcanavox”.
Se consideró que hubo infracción a los artículos 4 (deber de Información objetiva, veráz, detallada, eficaz y suficiente), artículo 7 (cumplimiento de la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados) y artículo 8 (las precisiones formuladas en la publicidad obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor).
No hubo acuerdo entre la empresa y la denunciante en las audiencias conciliatorias, por lo que se inició un expediente y finalmente, Hiper Rodó terminó sancionada (con posibilidad de ser recurrida para su revisión).
OMIC San Isidro
Responsable: Dr. Martin Vazquez Pol
Teléfono: 4575-4006
Dirección: Martin y Omar 89
Fuente: NoticiasDeConsumo.com
viernes, 4 de julio de 2008
Defensa del Consumidor: la Ciudad inauguró tres nuevos centros de atención
Allí se podrá solicitar asesoramiento, formular denuncias y tramitar audiencias de conciliación. Funcionarán en los Centros de Gestión y Participación.
La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires inauguró tres nuevos centros de atención en los barrios de San Nicolás, Villa Lugano y Palermo.
Los mismos funcionan en los Centros de Gestión y Participación (CGP) 1, 8 y 14, y allí los ciudadanos pueden solicitar asesoramiento, formular denuncias y tramitar audiencias de conciliación.
Estas inauguraciones se hacen en el marco del plan de defensa del consumidor, que prevé para este año la apertura de otros tres centros.
"Nos habíamos fijado como objetivo incrementar en 50% la infraestructura destinada para atender reclamos, incorporando seis nuevas oficinas en los CGP de la Ciudad.
Ya incorporamos tres y antes de que termine el año vamos a incorporar las tres restantes", destacó el director del organismo porteño, Ramiro Masjuan.
Por otra parte, la Dirección de Defensa del Consumidor Porteño distribuirá 50 mil ejemplares de un cuadernillo con la legislación que protege a los ciudadanos en su rol de consumidores.
Las personas que quieren realizar consultas disponen de una línea gratuita 0800-999-2727 que funciona todos los días del año en el horario extendido de 8 a 23.
Desde la página web www.buenosaires.gov.ar/consumidor, se puede iniciar un trámite de la denuncia, bajar leyes y enviar consultas.
Fuente: InfoBaeProfesional.com
La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires inauguró tres nuevos centros de atención en los barrios de San Nicolás, Villa Lugano y Palermo.
Los mismos funcionan en los Centros de Gestión y Participación (CGP) 1, 8 y 14, y allí los ciudadanos pueden solicitar asesoramiento, formular denuncias y tramitar audiencias de conciliación.
Estas inauguraciones se hacen en el marco del plan de defensa del consumidor, que prevé para este año la apertura de otros tres centros.
"Nos habíamos fijado como objetivo incrementar en 50% la infraestructura destinada para atender reclamos, incorporando seis nuevas oficinas en los CGP de la Ciudad.
Ya incorporamos tres y antes de que termine el año vamos a incorporar las tres restantes", destacó el director del organismo porteño, Ramiro Masjuan.
Por otra parte, la Dirección de Defensa del Consumidor Porteño distribuirá 50 mil ejemplares de un cuadernillo con la legislación que protege a los ciudadanos en su rol de consumidores.
Las personas que quieren realizar consultas disponen de una línea gratuita 0800-999-2727 que funciona todos los días del año en el horario extendido de 8 a 23.
Desde la página web www.buenosaires.gov.ar/consumidor, se puede iniciar un trámite de la denuncia, bajar leyes y enviar consultas.
Fuente: InfoBaeProfesional.com
jueves, 3 de julio de 2008
Defensa al Consumidor tendrá más poder a la hora de actuar
La nueva norma le atribuye el poder de policía para defender los derechos de los consumidores.
“Se ha planteado darle a las provincias la facultad del poder de policía para la defensa del consumidor”, informó a Ciudadano, la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila Colombo.
La funcionaria participó de la jornada de capacitación sobre los nuevos puntos que plantea la reforma de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en marzo de este año.
El taller se realizó ayer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y estuvo destinado a los cuerpos jurídicos de la Dirección de Fiscalización y Control, Defensa al Consumidor y a los representantes de las áreas pertenecientes al organismo que trabajan en los diferentes municipios.
“La reforma de la ley 24.240 tiene unos capítulos interesantes que requieren que nosotros estemos preparados para la tarea gubernamental”, indicó Colombo.
La reforma de esta ley lleva a que los entes de fiscalización de cada provincia abarquen más aspectos, en función de la defensa de los derechos de los consumidores e intensifiquen los controles.
“Por lo tanto, cada provincia tiene la responsabilidad de mejorar, potenciar y fortalecer sus propios esquemas. De hecho, Mendoza ya ha realizado un trabajo muy importante”, comentó la funcionaria nacional.
La idea que surge de este trabajo en conjunto con todas los organismo de defensa al consumidor, es que desde estos lugares se puedan identificar dónde se cometen abusos de precios y publicarlos para que la información llegue a manos de los consumidores. “Con esto vamos a estar cuidando los salarios de los trabajadores”, advirtió Colombo.
Incumplimiento de los acuerdos
Los acuerdos de precios que se hacen a nivel nacional generalmente no llegan a las góndolas de los comercios de Mendoza.
Ante esta situación, Colombo recomendó que se denuncie el incumplimiento de estos tratados. “Los acuerdos deben ser cumplidos. Cuando las empresas hacen estos acuerdos no es que se están yendo ‘a banca rota’, es que se está colocando una racionalidad entre que se ganan por un tipo de cambio competitivo y otros puntos más”, explicó la subsecretaria.
Fuente: CiudadanoDiario.com.ar
“Se ha planteado darle a las provincias la facultad del poder de policía para la defensa del consumidor”, informó a Ciudadano, la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila Colombo.
La funcionaria participó de la jornada de capacitación sobre los nuevos puntos que plantea la reforma de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en marzo de este año.
El taller se realizó ayer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y estuvo destinado a los cuerpos jurídicos de la Dirección de Fiscalización y Control, Defensa al Consumidor y a los representantes de las áreas pertenecientes al organismo que trabajan en los diferentes municipios.
“La reforma de la ley 24.240 tiene unos capítulos interesantes que requieren que nosotros estemos preparados para la tarea gubernamental”, indicó Colombo.
La reforma de esta ley lleva a que los entes de fiscalización de cada provincia abarquen más aspectos, en función de la defensa de los derechos de los consumidores e intensifiquen los controles.
“Por lo tanto, cada provincia tiene la responsabilidad de mejorar, potenciar y fortalecer sus propios esquemas. De hecho, Mendoza ya ha realizado un trabajo muy importante”, comentó la funcionaria nacional.
La idea que surge de este trabajo en conjunto con todas los organismo de defensa al consumidor, es que desde estos lugares se puedan identificar dónde se cometen abusos de precios y publicarlos para que la información llegue a manos de los consumidores. “Con esto vamos a estar cuidando los salarios de los trabajadores”, advirtió Colombo.
Incumplimiento de los acuerdos
Los acuerdos de precios que se hacen a nivel nacional generalmente no llegan a las góndolas de los comercios de Mendoza.
Ante esta situación, Colombo recomendó que se denuncie el incumplimiento de estos tratados. “Los acuerdos deben ser cumplidos. Cuando las empresas hacen estos acuerdos no es que se están yendo ‘a banca rota’, es que se está colocando una racionalidad entre que se ganan por un tipo de cambio competitivo y otros puntos más”, explicó la subsecretaria.
Fuente: CiudadanoDiario.com.ar
miércoles, 2 de julio de 2008
Impiden el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina
Una nota de la Secretaría de Comunicaciones solicita a los empresarios italianos que mantengan el actual estado accionario de Telecom Argentina y no lo modifiquen sin previa autorización
El Gobierno comenzó a preocuparse por la situación accionaria entre Telecom y Telefónica, y recordó que sin su autorización es imposible realizar cambios en la compañía de telecomunicaciones, según consta en la nota 1004/08 firmada el jueves de la semana pasada.
El secretario de Comunicación, Lisandro Salas, se dirigió a las autoridades de Telecom Italia para hacerles saber que el Gobierno argentino está analizando en detalle el impacto en el sector del ingreso de Telefónica de España al mercado. En los hechos, también le impediría a Telecom Italia ejercer la opción de compra que tiene sobre las acciones que hoy están en poder del Grupo Werthein.
La Secretaría fundamentó la medida en el informe del veedor, que fue designado por el juez interviniente en el litigio, que señala que el funcionamiento de Telecom Argentina no se ha visto afectado por el supuesto problema que existe entre sus accionistas.
La nota es de ocho páginas y en ella hay un pedido expreso a los italianos de abstenerse de celebrar cualquier contrato que implique un incremento de su participación accionaria directa o indirecta en Sofora Telecomunicaciones (la controlante de Telecom Argentina).
Tampoco podrán celebrar contratos que impliquen ceder sus acciones en Sofora a favor de un tercero, y "deberán abstenerse de firmar contratos que tengan por objeto limitar la competencia o el acceso al mercado de telecomunicaciones argentino y/o que constituyan un abuso de una posición dominante", finaliza el texto de la norma.
Alerta por monopolio
Dada la participación accionaria de Telecom Italia en la filial argentina y la porción que adquirió Telefónica de España, que le permite tomar las decisiones más importantes de la compañía, se originó un reclamo tanto de los accionistas locales de Telecom Argentina como de asociaciones civiles y el resto de los proveedores de telecomunicaciones con presencia en el país, que advirtieron sobre la posibilidad de un monopolio privado.
El especialista en telecomunicaciones Henoch Aguiar ya había advertido días atrás que el Gobierno "está a tiempo de impedir una concentración que puede herir de muerte la competencia futura en la Argentina".
El especialista destacó que, de producirse la fusión de Telefónica de España con Telecom Argentina, sería "la mayor operación de concentración empresaria que se haya conocido, porque ambas empresas controlan el 95% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía celular y de la banda ancha" en la Argentina.
El profesor titular de la UBA y ex secretario de Comunicaciones también resaltó que la unificación de ambas compañías, en la Argentina, dejará como escenario "un conglomerado de medios televisivos abiertos, encabezados por Canal 11" o su denominación actual, Telefe.
"Es muy preocupante" la situación, porque podría "consolidarse un monopolio del que nos arrepentiremos después", ultimó.
Fuente: InfoBae Profesional
El Gobierno comenzó a preocuparse por la situación accionaria entre Telecom y Telefónica, y recordó que sin su autorización es imposible realizar cambios en la compañía de telecomunicaciones, según consta en la nota 1004/08 firmada el jueves de la semana pasada.
El secretario de Comunicación, Lisandro Salas, se dirigió a las autoridades de Telecom Italia para hacerles saber que el Gobierno argentino está analizando en detalle el impacto en el sector del ingreso de Telefónica de España al mercado. En los hechos, también le impediría a Telecom Italia ejercer la opción de compra que tiene sobre las acciones que hoy están en poder del Grupo Werthein.
La Secretaría fundamentó la medida en el informe del veedor, que fue designado por el juez interviniente en el litigio, que señala que el funcionamiento de Telecom Argentina no se ha visto afectado por el supuesto problema que existe entre sus accionistas.
La nota es de ocho páginas y en ella hay un pedido expreso a los italianos de abstenerse de celebrar cualquier contrato que implique un incremento de su participación accionaria directa o indirecta en Sofora Telecomunicaciones (la controlante de Telecom Argentina).
Tampoco podrán celebrar contratos que impliquen ceder sus acciones en Sofora a favor de un tercero, y "deberán abstenerse de firmar contratos que tengan por objeto limitar la competencia o el acceso al mercado de telecomunicaciones argentino y/o que constituyan un abuso de una posición dominante", finaliza el texto de la norma.
Alerta por monopolio
Dada la participación accionaria de Telecom Italia en la filial argentina y la porción que adquirió Telefónica de España, que le permite tomar las decisiones más importantes de la compañía, se originó un reclamo tanto de los accionistas locales de Telecom Argentina como de asociaciones civiles y el resto de los proveedores de telecomunicaciones con presencia en el país, que advirtieron sobre la posibilidad de un monopolio privado.
El especialista en telecomunicaciones Henoch Aguiar ya había advertido días atrás que el Gobierno "está a tiempo de impedir una concentración que puede herir de muerte la competencia futura en la Argentina".
El especialista destacó que, de producirse la fusión de Telefónica de España con Telecom Argentina, sería "la mayor operación de concentración empresaria que se haya conocido, porque ambas empresas controlan el 95% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía celular y de la banda ancha" en la Argentina.
El profesor titular de la UBA y ex secretario de Comunicaciones también resaltó que la unificación de ambas compañías, en la Argentina, dejará como escenario "un conglomerado de medios televisivos abiertos, encabezados por Canal 11" o su denominación actual, Telefe.
"Es muy preocupante" la situación, porque podría "consolidarse un monopolio del que nos arrepentiremos después", ultimó.
Fuente: InfoBae Profesional
martes, 1 de julio de 2008
Webclaims: para quejarse mejor
Ahora los consumidores pueden reclamar por internet. Cómo reaccionan las empresas y cómo llegan al usuario.
Para las empresas, la opinión de un cliente puede ser una bendición o una fatalidad. Según un informe de la consultora Nielsen, el 78% de los consumidores dice que la publicidad más efectiva es la recomendación de los propios consumidores. Antes, este poder se controlaba con una o dos alternativas: se pagaban miles de dólares para que un famoso use y aconseje el producto y se dejaba a disposición de los usuarios anónimos un libro de quejas, bien pulcro, bien guardado, donde acumular las críticas. Después era cuestión de rezar que el “boca en boca” no se difundiera más allá del barrio o el grupo de amigos. Pero ahora el reclamo o la recomendación se volvió 2.0.
EXPLOTAN LAS WEB. Explotan los sitios web específicos para quejas, los blogs de usuarios enojados, las críticas en los murales de Facebook o MySpace. Y las empresas empezaron a observarlos. Una tendencia que está generando agencias de monitoreo de blogs, empleados que participan en los foros dando soluciones y analistas de marketing navegando las 24 horas por la web.
CLIENTES PODEROSOS. Hace dos años, como una suerte de predicción, apareció el blog OjoconOkko creado por un cliente (antes) anónimo que compró unos cuchillos en el local de muebles y objetos orientales Okko. Posteó que los cuchillos no le duraron un mes y al intentar cambiarlos no aceptaron su devolución. A las pocas horas, el blog recibió decenas de comentarios que pronto llegaron a ser más de cien. Para sorpresa de la compañía, si alguien introducía en Google la palabra "Okko", aparecía la página del local seguida del blog de reclamos. “¡A mí me pasó lo mismo!”, “Voy a correr la voz de esto en el foro”, “Voy a copiar la queja en mi blog!”, “Estaba por comprar algo ahí pero este blog que sale justo después de la página del local me advirtió que no compre. Gracias por avisar”, se leía en respuestas que se multiplicaron en otros espacios de la web con una velocidad viral. Alguien comentó algo de un local de ropa de bebés, otro decidió hacer lo mismo por compras en Garbarino y la ola se dejó llevar por la corriente.
Un año después, Guillermo Schulmeier escribió en su blog SinSerif sobre la falla de unos zapatos que compró en Bensimon y que no le aceptaron la devolución. Una semana más tarde, posteó soprendido, “sin haberme comunicado por ningún medio con la empresa, recibí un mensaje en mi casilla de correo electrónico con el asunto ‘BENSIMON’. En el mensaje, manifestaban su preocupación por mi problema con las zapatillas y me sugerían con quién comunicarme para solucionar el inconveniente”. Según su testimonio, a los pocos días, le entregaron una nota de crédito por el importe de los zapatos.
“Es que cada vez son más las empresas que están pendientes de lo que los usuarios y bloggers dicen sobre ellas. Estos sitios son un gran focus group con miles de participantes”, explicó Daniela Hacker, que en su sitio web Noticiasdeconsumo recibe cientos de consultas. A esta nueva modalidad se la denomina webclaim. “Webclaims es un nuevo concepto que define esta práctica de reclamar, exigir y reivindicar en blogs, foros, YouTube y redes sociales”, explicó Hacker.
“A mí me pasó un montón de veces que publiqué algo en mi blog y me contactaron. El otro día puse que Movistar y Claro iban a sacar el Iphone y me llamaron de Personal para decirme que ellos también lo iban a traer”, contó Leandro Zanoni que decidió tirar de la rienda y fundar Tercerclick.com, una agencia de relevamiento y monitoreo de estas comunidades 2.0. “Además de los comentarios, ahora uno puede sacarle fotos al objeto o verlo en funcionamiento en YouTube. Todo esto cambia parámetros de la publicidad. Las empresas empiezan a estar atentas y actuar en consecuencia. A partir de eso pueden orientar campañas de marketing o modificar cosas del producto.”
Tercerclick.com es una de las precursoras en el país en realizar monitoreos sobre lo que se dice de la empresa en la web. “Este año crecimos un 300% en comparación al año pasado. Imaginate que un blog puede tener 15.000 visitas diarias, triplica a una revista.”
AFUERA. En Estados Unidos y en Europa, compañías como Coca Cola, McDonalds, Adidas y los pesos pesados de telefonía exprimen estos espacios y ya no subestiman a los webclaims. “Pero en Argentina esto está recién empezando, hay muchas empresas que todavía no conocen esto”. En la página de Tercerclick, los eslóganes que resaltan no son menores: Nike, Motorola, Arnet y Mtv.
Dereclamos, Speedyapesta, Telefórrica, Viajarcomoelorto, Comovacas, Psicofxp son algunos de los tantos sitios dedicados a los webclaims. Dereclamos tiene su propio top ten de empresas y top five de quejas. Muchos de ellos son consultados por los medios y algunas compañías se atreven a participar. “Lógicamente, a las empresas les interesa saber lo que se dice de ellas. Varias se ponen a disposición de los usuarios afectados, se disculpan y lo resuelven”, explicó Hacker. Movistar postea en Dereclamos.com. Debajo de algunas de las quejas, un empleado se presenta y ofrece una posible solución o una persona con quién contactarse.
Aunque los webclaims no tienen peso legal, su trascendencia les otorga tanto al consumidor como a la empresa un poder del que, poco a poco, empieza a medirse su alcance.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
Para las empresas, la opinión de un cliente puede ser una bendición o una fatalidad. Según un informe de la consultora Nielsen, el 78% de los consumidores dice que la publicidad más efectiva es la recomendación de los propios consumidores. Antes, este poder se controlaba con una o dos alternativas: se pagaban miles de dólares para que un famoso use y aconseje el producto y se dejaba a disposición de los usuarios anónimos un libro de quejas, bien pulcro, bien guardado, donde acumular las críticas. Después era cuestión de rezar que el “boca en boca” no se difundiera más allá del barrio o el grupo de amigos. Pero ahora el reclamo o la recomendación se volvió 2.0.
EXPLOTAN LAS WEB. Explotan los sitios web específicos para quejas, los blogs de usuarios enojados, las críticas en los murales de Facebook o MySpace. Y las empresas empezaron a observarlos. Una tendencia que está generando agencias de monitoreo de blogs, empleados que participan en los foros dando soluciones y analistas de marketing navegando las 24 horas por la web.
CLIENTES PODEROSOS. Hace dos años, como una suerte de predicción, apareció el blog OjoconOkko creado por un cliente (antes) anónimo que compró unos cuchillos en el local de muebles y objetos orientales Okko. Posteó que los cuchillos no le duraron un mes y al intentar cambiarlos no aceptaron su devolución. A las pocas horas, el blog recibió decenas de comentarios que pronto llegaron a ser más de cien. Para sorpresa de la compañía, si alguien introducía en Google la palabra "Okko", aparecía la página del local seguida del blog de reclamos. “¡A mí me pasó lo mismo!”, “Voy a correr la voz de esto en el foro”, “Voy a copiar la queja en mi blog!”, “Estaba por comprar algo ahí pero este blog que sale justo después de la página del local me advirtió que no compre. Gracias por avisar”, se leía en respuestas que se multiplicaron en otros espacios de la web con una velocidad viral. Alguien comentó algo de un local de ropa de bebés, otro decidió hacer lo mismo por compras en Garbarino y la ola se dejó llevar por la corriente.
Un año después, Guillermo Schulmeier escribió en su blog SinSerif sobre la falla de unos zapatos que compró en Bensimon y que no le aceptaron la devolución. Una semana más tarde, posteó soprendido, “sin haberme comunicado por ningún medio con la empresa, recibí un mensaje en mi casilla de correo electrónico con el asunto ‘BENSIMON’. En el mensaje, manifestaban su preocupación por mi problema con las zapatillas y me sugerían con quién comunicarme para solucionar el inconveniente”. Según su testimonio, a los pocos días, le entregaron una nota de crédito por el importe de los zapatos.
“Es que cada vez son más las empresas que están pendientes de lo que los usuarios y bloggers dicen sobre ellas. Estos sitios son un gran focus group con miles de participantes”, explicó Daniela Hacker, que en su sitio web Noticiasdeconsumo recibe cientos de consultas. A esta nueva modalidad se la denomina webclaim. “Webclaims es un nuevo concepto que define esta práctica de reclamar, exigir y reivindicar en blogs, foros, YouTube y redes sociales”, explicó Hacker.
“A mí me pasó un montón de veces que publiqué algo en mi blog y me contactaron. El otro día puse que Movistar y Claro iban a sacar el Iphone y me llamaron de Personal para decirme que ellos también lo iban a traer”, contó Leandro Zanoni que decidió tirar de la rienda y fundar Tercerclick.com, una agencia de relevamiento y monitoreo de estas comunidades 2.0. “Además de los comentarios, ahora uno puede sacarle fotos al objeto o verlo en funcionamiento en YouTube. Todo esto cambia parámetros de la publicidad. Las empresas empiezan a estar atentas y actuar en consecuencia. A partir de eso pueden orientar campañas de marketing o modificar cosas del producto.”
Tercerclick.com es una de las precursoras en el país en realizar monitoreos sobre lo que se dice de la empresa en la web. “Este año crecimos un 300% en comparación al año pasado. Imaginate que un blog puede tener 15.000 visitas diarias, triplica a una revista.”
AFUERA. En Estados Unidos y en Europa, compañías como Coca Cola, McDonalds, Adidas y los pesos pesados de telefonía exprimen estos espacios y ya no subestiman a los webclaims. “Pero en Argentina esto está recién empezando, hay muchas empresas que todavía no conocen esto”. En la página de Tercerclick, los eslóganes que resaltan no son menores: Nike, Motorola, Arnet y Mtv.
Dereclamos, Speedyapesta, Telefórrica, Viajarcomoelorto, Comovacas, Psicofxp son algunos de los tantos sitios dedicados a los webclaims. Dereclamos tiene su propio top ten de empresas y top five de quejas. Muchos de ellos son consultados por los medios y algunas compañías se atreven a participar. “Lógicamente, a las empresas les interesa saber lo que se dice de ellas. Varias se ponen a disposición de los usuarios afectados, se disculpan y lo resuelven”, explicó Hacker. Movistar postea en Dereclamos.com. Debajo de algunas de las quejas, un empleado se presenta y ofrece una posible solución o una persona con quién contactarse.
Aunque los webclaims no tienen peso legal, su trascendencia les otorga tanto al consumidor como a la empresa un poder del que, poco a poco, empieza a medirse su alcance.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
viernes, 27 de junio de 2008
Denuncian que Macri quiere cerrar la Dirección del Consumidor
Lo dijo la presidenta de ADECUA y agregó que hay un desinterés absoluto por los consumidores en el Gobierno porteño.
Sandra González, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA), advirtió hoy mediante un comunicado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca "desmantelar la oficina de Dirección y Protección del Consumidor". González aseguró que se pretende "anular y disolver la oficina, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos, a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional".
Los cambios en el sector, según ADECUA, provienen del ministro a cargo del área, Francisco Cabrera. "Ha mostrado un desinterés absoluto por el trabajo de las organizaciones, y por la responsabilidad que le cabe al área correspondiente", apuntó González, al tiempo que adelantó que, de concretarse la decisión el gobierno porteño "encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada, especialmente a partir de la modificación de la norma que los obliga a ser autoridad de aplicación”.
“La orden es de Cabrera porque dice que ellos no quieren tener problemas con las empresas”, dijo la titular de ADECUA a Perfil.com. Y consultada sobre la postura del jefe de gobierno, Mauricio Macri, destacó: “Él no es ajeno a la decisión de uno de sus funcionarios”.
Fuente: Perfil.com
Sandra González, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA), advirtió hoy mediante un comunicado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca "desmantelar la oficina de Dirección y Protección del Consumidor". González aseguró que se pretende "anular y disolver la oficina, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos, a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional".
Los cambios en el sector, según ADECUA, provienen del ministro a cargo del área, Francisco Cabrera. "Ha mostrado un desinterés absoluto por el trabajo de las organizaciones, y por la responsabilidad que le cabe al área correspondiente", apuntó González, al tiempo que adelantó que, de concretarse la decisión el gobierno porteño "encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada, especialmente a partir de la modificación de la norma que los obliga a ser autoridad de aplicación”.
“La orden es de Cabrera porque dice que ellos no quieren tener problemas con las empresas”, dijo la titular de ADECUA a Perfil.com. Y consultada sobre la postura del jefe de gobierno, Mauricio Macri, destacó: “Él no es ajeno a la decisión de uno de sus funcionarios”.
Fuente: Perfil.com
lunes, 23 de junio de 2008
Cayó la confianza de los consumidores.
En junio, el índice se desplomó 22,8% respecto de igual mes de 2007. Las expectativas retrocedieron a un mínimo de cinco años debido a la incertidumbre política en el país.
BUENOS AIRES.- La confianza de los consumidores argentinos se desplomó a un mínimo de cinco años en junio ante un deterioro de las expectativas de la población en medio de un tenso clima político, de acuerdo con un informe privado. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,8% en junio en relación a mayo pasado y 22,8% si se compara con junio de 2007, según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este índice exhibió una fuerte contracción en el Interior del país (-4,6%), seguido por Capital Federal (-1,2%) y luego por el Gran Buenos Aires (-0,3%).
La entidad señaló que los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC) en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 10 de junio.
El ICC cayó 1,8% en relación a mayo, mientras que la caída interanual fue de 22,8%.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que la caída en el Indice de Confianza del Consumidor en junio “lleva al índice a sus niveles mínimos de los últimos cinco años. La caída en la confianza se observó en todas las regiones del país, pero fue más fuerte en el Interior (-4,6%)”.
Comportamiento dispar
Por otro lado, Sandleris añadió que el comportamiento de los distintos subíndices fue dispar en junio.
Mientras que Durables e Inmuebles disminuyó 9,5%, Expectativas Macroeconómicas se recuperó un 2,4% y Situación Personal prácticamente no exhibió cambios en relación al mes pasado (+0,5%).
La caída en el subíndice de Durables e Inmuebles obedece a una fuerte contracción en la intención de compra de Electrodomésticos (-16%), mientras que la intención de compra de autos y casas se mantuvo prácticamente inalterada (0,7%).
Finalmente, el director del CIF señaló que, a nivel nacional “se observa un aumento del componente que captura las expectativas globalmente consideradas (1,9%), relacionado con la importante recuperación en Capital Federal”.
No obstante, concluyó, “se observó un mayor pesimismo en cuanto a las condiciones presentes (-6%). (NA - Reuter).
Fuente: LaGaceta.com.ar
BUENOS AIRES.- La confianza de los consumidores argentinos se desplomó a un mínimo de cinco años en junio ante un deterioro de las expectativas de la población en medio de un tenso clima político, de acuerdo con un informe privado. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,8% en junio en relación a mayo pasado y 22,8% si se compara con junio de 2007, según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este índice exhibió una fuerte contracción en el Interior del país (-4,6%), seguido por Capital Federal (-1,2%) y luego por el Gran Buenos Aires (-0,3%).
La entidad señaló que los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC) en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 10 de junio.
El ICC cayó 1,8% en relación a mayo, mientras que la caída interanual fue de 22,8%.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que la caída en el Indice de Confianza del Consumidor en junio “lleva al índice a sus niveles mínimos de los últimos cinco años. La caída en la confianza se observó en todas las regiones del país, pero fue más fuerte en el Interior (-4,6%)”.
Comportamiento dispar
Por otro lado, Sandleris añadió que el comportamiento de los distintos subíndices fue dispar en junio.
Mientras que Durables e Inmuebles disminuyó 9,5%, Expectativas Macroeconómicas se recuperó un 2,4% y Situación Personal prácticamente no exhibió cambios en relación al mes pasado (+0,5%).
La caída en el subíndice de Durables e Inmuebles obedece a una fuerte contracción en la intención de compra de Electrodomésticos (-16%), mientras que la intención de compra de autos y casas se mantuvo prácticamente inalterada (0,7%).
Finalmente, el director del CIF señaló que, a nivel nacional “se observa un aumento del componente que captura las expectativas globalmente consideradas (1,9%), relacionado con la importante recuperación en Capital Federal”.
No obstante, concluyó, “se observó un mayor pesimismo en cuanto a las condiciones presentes (-6%). (NA - Reuter).
Fuente: LaGaceta.com.ar
jueves, 19 de junio de 2008
Manual de estilo para los usuarios enojados
Una encuesta dice que 9 de cada 10 personas sufrieron problemas con empresas de servicios, pero sólo 6 de cada 10 hicieron el reclamo como corresponde.
Si no son todos, al menos casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de contratar un servicio o comprar un producto. Así lo refleja una encuesta de D’Alessio Irol según la cual 9 de cada 10 consultados sufrieron inconvenientes. Sin embargo, sólo poco más de la mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa al consumidor no se plasma en la práctica.
“La gente desconoce que existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice Pedro Bussetti, de DEUCO–. Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente hay que reclamar: es cierto que no todas las oficinas responden adecuadamente, pero siempre está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.
Entre las principales causas por las cuales los encuestados prefieren morderse el labio y volver a casa con bronca, está la complejidad del proceso para reclamar, la cantidad de tiempo que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente con alguien responsable.
Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende agilizar diversos mecanismos de reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del blog www.noticiasdeconsumo.com, da un ejemplo: “La nueva ley establece que se puede dar de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72 horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A pesar de esto, una de las causas de malestar es la imposibilidad de dar de baja un servicio. No saben cómo hacerlo.
La encuesta arroja que 8 de cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró la antigua norma, que extendió el plazo de garantías de bienes de uso de tres a seis meses, que habilita a pedir una reparación monetaria de hasta 5.000 pesos por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de cualquier proceso de reclamo.
“No se conoce la nueva ley ni la vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los planes de estudio en los colegios y es una materia que se debería tratar desde que se sancionó en la constitución del ‘94”, opina Bussetti. Hacker refuerza: “Aún no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos derechos y la publicidad oficial no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto de subsecretario de Defensa del Consumidor estuvo vacante y sólo hace dos semanas asumió Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de su función sea la difusión”.
Para Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es que los empleados de los comercios desconocen las normas que deben respetar. Lo vivió en carne propia: se acercó a un local para devolver un par de zapatos que había comprado tres días antes y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica. Obviamente, Andrada ejerció su función de educadora, le dio una breve lección a la vendedora pero no logró más que un “no estoy estoy al tanto de nada”.
“No hay una intencionalidad de las empresas de informar a sus empleados ni a los encargados de locales. Si ellos no concen la ley, es muy difícil que se cumpla. En principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas empresas en la capacitación del personal. Si la ley no se conoce, es letra muerta”, dice.
Pero, a veces, conocer la ley no alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más rápido que la legislación. De ahí que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren esos llamados que se reciben a cualquier horario en el hogar en el que se ofrecen todo tipo de servicios o los mensajes de texto con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen de las mismas empresas que no solucionan los problemas de sus usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las 8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos, tarjetas de crédito.
Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa serie de abogados Ally Mc Beal, uno de los personajes les hace jucio, y lo gana, a las telefónicas que hacen este tipo de llamados promocionales que alteran la paz hogareña–, en la Argentina no hay ninguna norma que permita combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se habló de hacer un registro para aquellas pesonas que no querían recibir publicidad a través de la línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico y que quedó en la nada.
“En rigor, el usuario debería quejarse en el ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que aún no hay un marco regulatorio para estos casos, como tampoco lo hay para la telefonía móvil, ni para internet o la televisión por cable: el Estado está atrasado tanto en relación a la normativa como en relación a la defensa de los derechos de este tipo”, dice Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto de los derechos de los consumidores implica una mejora en la distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería dinero– y en la calidad de vida, le darían mucha más difusión a este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
Si no son todos, al menos casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de contratar un servicio o comprar un producto. Así lo refleja una encuesta de D’Alessio Irol según la cual 9 de cada 10 consultados sufrieron inconvenientes. Sin embargo, sólo poco más de la mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa al consumidor no se plasma en la práctica.
“La gente desconoce que existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice Pedro Bussetti, de DEUCO–. Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente hay que reclamar: es cierto que no todas las oficinas responden adecuadamente, pero siempre está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.
Entre las principales causas por las cuales los encuestados prefieren morderse el labio y volver a casa con bronca, está la complejidad del proceso para reclamar, la cantidad de tiempo que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente con alguien responsable.
Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende agilizar diversos mecanismos de reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del blog www.noticiasdeconsumo.com, da un ejemplo: “La nueva ley establece que se puede dar de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72 horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A pesar de esto, una de las causas de malestar es la imposibilidad de dar de baja un servicio. No saben cómo hacerlo.
La encuesta arroja que 8 de cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró la antigua norma, que extendió el plazo de garantías de bienes de uso de tres a seis meses, que habilita a pedir una reparación monetaria de hasta 5.000 pesos por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de cualquier proceso de reclamo.
“No se conoce la nueva ley ni la vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los planes de estudio en los colegios y es una materia que se debería tratar desde que se sancionó en la constitución del ‘94”, opina Bussetti. Hacker refuerza: “Aún no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos derechos y la publicidad oficial no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto de subsecretario de Defensa del Consumidor estuvo vacante y sólo hace dos semanas asumió Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de su función sea la difusión”.
Para Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es que los empleados de los comercios desconocen las normas que deben respetar. Lo vivió en carne propia: se acercó a un local para devolver un par de zapatos que había comprado tres días antes y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica. Obviamente, Andrada ejerció su función de educadora, le dio una breve lección a la vendedora pero no logró más que un “no estoy estoy al tanto de nada”.
“No hay una intencionalidad de las empresas de informar a sus empleados ni a los encargados de locales. Si ellos no concen la ley, es muy difícil que se cumpla. En principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas empresas en la capacitación del personal. Si la ley no se conoce, es letra muerta”, dice.
Pero, a veces, conocer la ley no alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más rápido que la legislación. De ahí que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren esos llamados que se reciben a cualquier horario en el hogar en el que se ofrecen todo tipo de servicios o los mensajes de texto con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen de las mismas empresas que no solucionan los problemas de sus usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las 8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos, tarjetas de crédito.
Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa serie de abogados Ally Mc Beal, uno de los personajes les hace jucio, y lo gana, a las telefónicas que hacen este tipo de llamados promocionales que alteran la paz hogareña–, en la Argentina no hay ninguna norma que permita combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se habló de hacer un registro para aquellas pesonas que no querían recibir publicidad a través de la línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico y que quedó en la nada.
“En rigor, el usuario debería quejarse en el ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que aún no hay un marco regulatorio para estos casos, como tampoco lo hay para la telefonía móvil, ni para internet o la televisión por cable: el Estado está atrasado tanto en relación a la normativa como en relación a la defensa de los derechos de este tipo”, dice Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto de los derechos de los consumidores implica una mejora en la distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería dinero– y en la calidad de vida, le darían mucha más difusión a este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
miércoles, 18 de junio de 2008
Un centenar de personas se capacitan sobre derechos del consumidor
HOY SE REALIZA UN ENCUENTRO REGIONAL EN TRELEW
La misma se llevará a cabo en la sede del Sindicato de Comercio de Trelew, sito en
El doctor Oscar Bermejo, asesor jurídico de
La capacitación esta destinada a diferentes profesionales vinculados al tema en cuestión, delegaciones de defensa del consumidor de diferentes localidades y personal municipal o de comunas rurales que estén afectados al área.
Por otra parte, y con el objetivo de sumar las fuerzas necesarias para una mayor comprensión en la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios, se extiende la invitación a participar de
Finalmente,
Fuente: DiarioDeMadryn.com
jueves, 12 de junio de 2008
Ocho de cada diez consumidores no saben cuáles son sus derechos
Surge de una encuesta en todo el país. Lo que hay que saber para reclamar.
Después de más de tres años de discusión, los legisladores acordaron modificaciones que brindan más herramientas para enfrentar abusos. Algunos de esos cambios son: la extensión de tres a seis meses el plazo de las garantías de electrodomésticos o ropa; el derecho a pedir la baja de un servicio que se contrató por teléfono o por Internet mediante el mismo medio; y la posibilidad de reclamar una multa por daño (antes iba a as arcas del Estado) de hasta unos 5.000 pesos en caso de un artículo defectuoso o un servicio que no cumplió con lo prometido.
Pero a pesar de estos avances, una encuesta realizada por D'Alessio Irol para Clarín indica que el 79% de los consumidores no tiene conocimiento de los derechos que les otorga
Los expertos consultados por Clarín coinciden en que la gente no conoce estas herramientas porque falta mayor difusión por parte del Estado. "La ley es buena pero falla la implementación", asegura Pablo Chamatrópulos, del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC).
"Son pocos los consumidores que acceden a la ley --agrega-- comparados con la cantidad de abusos que existen a diario en el mercado. Peor es el diagnóstico en cuanto al rol del Estado: salvo algunas excepciones, a duras penas los organismos oficiales se dedican a conciliar los casos que reciben".
Con la reforma también se aumentó diez veces el tope máximo de multas que el Estado puede aplicar a las empresas que cometen infracciones: ahora es de $ 5.000.000, antes era de $ 500 mil. Pero para Chamatrópulos "en más de 10 años de aplicación de la ley la autoridad nacional no aplicó ni siquiera la mitad del máximo. Apenas registramos dos antecedentes de multas de $ 500 mil".
Daniela Hacker, autora del blog noticiasdeconsumo.com, destaca que con esta modificación, los consumidores tienen la opción de reclamar por servicios públicos en los organismos de Defensa del Consumidor. "Esto es fundamental, debido a que los entes reguladores (por ejemplo
Horacio Bersten, coordinador jurídico de
La diputada Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor y una de las principales promotoras de la reforma, afirma: "
Pero lo cierto es que
Fuente: Diario Clarin
miércoles, 11 de junio de 2008
EL INDEC PRESENTO LOS CAMBIOS METODOLOGICOS EN EL INDICE DE INFLACION
LOS PRECIOS SUBIERON 0,6 POR CIENTO EN MAYO. El IPC es nuevo, la polémica la de siempre.
El debut del indicador no despejó las dudas del último año y medio. El Indec dio una escueta explicación de los cambios. No informó cuánto habría sido la inflación con el IPC anterior ni cómo evolucionan los precios de los alimentos.
Si el Indec quería recuperar credibilidad con el nuevo índice de inflación, el informe que entregó ayer ayuda poco. Más bien, confirma la línea del último año y medio de no explicar las razones de los cambios. Como no existe fundamentación de los criterios, la apariencia es que se cometen arbitrariedades para ocultar la verdadera evolución de los precios. El remozado IPC arrojó en mayo un alza de 0,6 por ciento.
Con esta nueva base, el Indec determinó que el rubro Alimentos y bebidas aumentó sólo 0,1 por ciento en mayo, con una caída de 0,6 en alimentos para consumir en el hogar. Dentro de ese ítem, el organismo registró una baja de 4,5 por ciento en el precio de la carne. En contrapartida, detectó subas de 1,4 en lácteos y huevos, 2,1 en panificados, 2,9 en frutas y 3,1 en bebidas alcohólicas. El mayor incremento se dio en el rubro Educación, con 3,7 por ciento, a causa de los aumentos de las cuotas en los colegios privados, del 4,3. La indumentaria aumentó 1,2 por ciento, mientras que en Atención médica se observó un salto de 1,1 y en Transporte y comunicaciones, del 1. Por el persistente aumento de los alquileres (1,5), el rubro Viviendas exhibió un avance de 0,7 por ciento. En lo que va del año, el IPC subió 4,0 por ciento, mientras que en doce meses trepó a 9,1.
El Indec concretó el anunciado cambio metodológico en la elaboración del IPC, pero no entregó información vital para saber cómo queda: cuál es la nueva canasta de bienes y servicios, cuáles son sus ponderaciones, cómo operan las canastas móviles, por qué se quitaron determinados bienes y servicios de la medición y se dejaron otros, por qué se tomó sólo el mes de abril para establecer la nueva base en lugar de un período de un año y cómo se ajustarán las series. Este diario buscó respuestas en el organismo, pero no consiguió siquiera ser atendido. El informe de apenas siete carillas que difundió el Indec deja todos esos interrogantes.
Por ahora, lo que se sabe es que el IPC ya no registra qué pasó con los precios en las rotiserías, restaurantes, infusiones y condimentos. En el rubro Indumentaria, se dejaron de relevar los precios de accesorios (bijouterie, cinturones, carteras), telas, hilados y artículos de mercería, confección (sastre) y reparación de ropa. En Vivienda y en Equipamiento del Hogar se excluyeron del IPC el costo de las expensas, el salario del servicio doméstico y los aranceles de plomeros, gasistas y demás personal encargado de reparaciones. No hay más desagregación de los costos de medicamentos y prepagas, aunque las autoridades del Indec dijeron que sí se continúan midiendo. Tampoco se desagrega la información en Transporte ni en Otros Bienes y Servicios, adonde antes figuraban cigarrillos, artículos de tocador y servicios para el cuidado personal, entre otros. En Esparcimiento, desaparece la estimación de precios de equipos, conexiones y servicios de audio, televisión y computación, juguetes y artículos para el deporte, flores y plantas.
La canasta de bienes y servicios que antes de estos cambios incluía 818 variedades ahora quedó en 440. La explicación que dieron las autoridades del Indec en un seminario a comienzos de mayo fue que la media histórica en Argentina osciló entre 400 y 500 productos, mientras que en la convertibilidad se llegó a esa cifra de 818 para incluir bienes importados cuyos precios eran más bajos que los de producción local. Al ampliar tanto la base, dijeron, se disimulaba la inflación. Ahora, en cambio, se busca representar el patrón de consumo del 70 por ciento de la sociedad, excluyendo gastos suntuarios de clase media alta y alta, como flores de Colombia o viajes al Caribe.
Para algunos analistas, la nueva canasta quedó demasiado limitada, ya que es incluso más chica que la que regía en 1988, con 526 productos. “Con todos los bienes y servicios que se incorporaron en las últimas dos décadas, no puede ser que la canasta actual sea más reducida que la de entonces”, advirtió Ricardo Delgado, de Ecolatina. También objetó que se excluyan gastos típicos de clase media como la compra de comida en rotiserías y restaurantes, y que no se sepa qué ocurre con el precio de la nafta, en momentos en que el petróleo se encarece día a día.
El Indec actualizó la base con los datos de
Fuente: Página12 / Por David Cufré
viernes, 6 de junio de 2008
¿ QUÉ HACEMOS CON CABLEVISIÓN ? -
CableVisión está anunciando un aumento de 11,50% en la tarifa de su servicio.
Cada 3 meses aumenta el precio desde que lo controla Grupo Clarín. María Colombo, alias 'Pimpi', es la nueva responsable de Defensa del Consumidor, ¿qué dira al respecto?
Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, hizo circular la siguiente nota (el nombre de la persona Urgente24 prefiere omitirlo para no provocarle dificultades):
"He leído ayer que se desregulará el servicio telefónico y que Telefónica y Telecom podrán brindar el servicio de TV por cable, hoy he visto también en vuestro sitio que nombran una luchadora por los derechos de los consumidores, María 'Pimpi' Colombo, a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, hasta ahí las buenas nuevas. Hoy recibí la factura de junio de Cablevisión donde anuncian para julio un aumento del 11,50%. Es indignante Sres.: cada tres meses aumentan. El cable no es un lujo, pues sin él es imposible ver TV en la Ciudad de Buenos Aires, y por el costo se hace casi inaccesible, si el usuario del servicio es jubilado peor aun. Me intriga saber porqué el Sr. Guillermo Moreno no los controla a Cablevisión y Multicanal quienes, como formadores de precios, generan inflación, aunque esto no lo registre el INdEC".
Deberían explicar algo al respecto:
> Mónica Gobea, en la Secretaría de Defensa del Consumidor,
> María Colombo, alias 'Pimpi', nueva Secretaria de Estado.
Fuentes de las empresas Cablevisión y Multicanal le aclararon a Enciclomedios que, tal como consta en las boletas correspondientes al abono del mes de junio, se notificó a los usuarios la noticias y puntualizaron que "se informó en tiempo y forma". La alusión tiene que ver con la cuestión temporal: los servicios publicos deben comunicar los aumentos 60 dias antes y no 30, y es una consecuencia de la discusión acerca de si el cable es un servicio publico.
El problema es bien sencillo:
> Cristina de Kirchner dijo hace tres semanas -en oportunidad del debate sobre la nueva Ley de Radiodifusion- que el cable es un "servicio publico". Pero en CableVision y Multicanal dicen que "el cable no es un servicio público por lo cual no tiene que notificar los aumentos con 60 días de anticipación sino con 30 días".
La leyenda que acompaña las facturas de este mes llevan impresa la leyenda "Estimado cliente: a partir de julio de 2008 el precio de la tarifa nacional básica de TV por cable tendrá un aumento de 11,5%. A su vez, el precio de lista del servicio de Internet se incrementará en $ 10".
Fuente: Urgente24.com
Cada 3 meses aumenta el precio desde que lo controla Grupo Clarín. María Colombo, alias 'Pimpi', es la nueva responsable de Defensa del Consumidor, ¿qué dira al respecto?
Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, hizo circular la siguiente nota (el nombre de la persona Urgente24 prefiere omitirlo para no provocarle dificultades):
"He leído ayer que se desregulará el servicio telefónico y que Telefónica y Telecom podrán brindar el servicio de TV por cable, hoy he visto también en vuestro sitio que nombran una luchadora por los derechos de los consumidores, María 'Pimpi' Colombo, a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, hasta ahí las buenas nuevas. Hoy recibí la factura de junio de Cablevisión donde anuncian para julio un aumento del 11,50%. Es indignante Sres.: cada tres meses aumentan. El cable no es un lujo, pues sin él es imposible ver TV en la Ciudad de Buenos Aires, y por el costo se hace casi inaccesible, si el usuario del servicio es jubilado peor aun. Me intriga saber porqué el Sr. Guillermo Moreno no los controla a Cablevisión y Multicanal quienes, como formadores de precios, generan inflación, aunque esto no lo registre el INdEC".
Deberían explicar algo al respecto:
> Mónica Gobea, en la Secretaría de Defensa del Consumidor,
> María Colombo, alias 'Pimpi', nueva Secretaria de Estado.
Fuentes de las empresas Cablevisión y Multicanal le aclararon a Enciclomedios que, tal como consta en las boletas correspondientes al abono del mes de junio, se notificó a los usuarios la noticias y puntualizaron que "se informó en tiempo y forma". La alusión tiene que ver con la cuestión temporal: los servicios publicos deben comunicar los aumentos 60 dias antes y no 30, y es una consecuencia de la discusión acerca de si el cable es un servicio publico.
El problema es bien sencillo:
> Cristina de Kirchner dijo hace tres semanas -en oportunidad del debate sobre la nueva Ley de Radiodifusion- que el cable es un "servicio publico". Pero en CableVision y Multicanal dicen que "el cable no es un servicio público por lo cual no tiene que notificar los aumentos con 60 días de anticipación sino con 30 días".
La leyenda que acompaña las facturas de este mes llevan impresa la leyenda "Estimado cliente: a partir de julio de 2008 el precio de la tarifa nacional básica de TV por cable tendrá un aumento de 11,5%. A su vez, el precio de lista del servicio de Internet se incrementará en $ 10".
Fuente: Urgente24.com
martes, 3 de junio de 2008
Va a Defensa del Consumidor una mujer de la Presidenta
Por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y para marcarle la cancha al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor volverá a funcionar tras casi un año de acefalía. Estará a cargo de la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer y ex secretaria general del sindicato de Amas de Casa María "Pimpi" Colombo".
Colombo, de 55 años, es licenciada en matemáticas y fue diputada porteña por el bloque Nueva Dirigencia, que lideraba Gustavo Beliz. Desde la intempestiva salida de Beliz del gobierno en 2004, quedó en la constelación del kirchnerismo y se acercó a
Funcionarios oficialistas afirmaron a
La intención es poner en marcha un área que está totalmente congelada desde la renuncia del subsecretario José Luis López, registrada en agosto de 2007.
Hace dos meses, el oficialismo logró sancionar, por impulso de la diputada por Córdoba Patricia Vaca Narvaja (ex subsecretaria de Defensa del Consumidor), una serie de modificaciones a la ley de defensa del consumidor que refuerza los derechos de los ciudadanos frente a las empresas. Entre otros ejes, la nueva norma permite que los consumidores puedan concurrir a los tribunales arbitrales de consumo en todo el país, que le den de baja a los servicios que contrataron de la misma forma en que los aceptaron y eleva las indemnizaciones por incumplimiento. Sin embargo, la ausencia de una autoridad política específica le resta fuerza a la aplicación de la ley.
Durante la gestión de Vaca Narvaja se conformó un consejo con las asociaciones de consumidores para hacer un seguimiento de los precios minoristas, pero luego de su salida al Parlamento -y con la llegada de Moreno- ese espacio quedó reducido a su mínima expresión, mientras los acuerdos de precios se iban deshilachando. Fuentes de las asociaciones de consumidores indicaron que "Moreno sólo convocaba a las asociaciones que no critican al Gobierno para repartir subsidios sin otro criterio más que el amiguismo".
Al respecto, Horacio Berstein, de
Respecto de Colombo, Berstein señaló que "elegir a alguien que no entienda del tema es un nuevo desprecio a los consumidores, como pasó antes con López, que no sabía de qué se trataba la cuestión; sería una decisión lamentable".
Fuente: Diario La Nación.
miércoles, 28 de mayo de 2008
Cuáles son las 13 tendencias que hoy definen al consumidor
Preocupación por el medio ambiente, hogares unipersonales y necesidad de verse joven son algunos de los fenómenos más notorios según la consultora GFK Kleiman Sygnos ¿Cuáles son los otros? Todas las conclusiones del “Día del Marketing”, organizado por la AAM
Preocupación por el medio ambiente, hogares unipersonales y necesidad de verse joven son algunos de los fenómenos más notorios según la consultora GFK Kleiman Sygnos ¿Cuáles son los otros? Todas las conclusiones del “Día del Marketing”, organizado porla AAM.
Preocupación por el medio ambiente, hogares unipersonales y necesidad de verse joven son algunos de los fenómenos más notorios según la consultora GFK Kleiman Sygnos ¿Cuáles son los otros? Todas las conclusiones del “Día del Marketing”, organizado por
¿Qué cosas espera hoy el consumidor de las marcas? ¿Cómo se involucra en la creación de los productos? ¿De qué manera construye o destruye la reputación de las empresas? ¿Qué cambios, profundos y duraderos en el tiempo, exhiben hombres y mujeres y abren puertas para el lanzamiento de nuevos productos y su diversificación por parte de las organizaciones?
Todas estas preguntas –y algunas más- sobrevolaron el encuentro “Lo que ellas quieren”, que
Referentes de todas las industrias –desde el sector financiero al de consumo masivo- desfilaron por los salones del hotel Sheraton para contar cómo respondieron a desafíos que les planteó el mercado últimamente y para revelar qué nuevos datos está arrojando la realidad.
En esa línea, mientras Nadine Pavlovsky, vicepresidente de Marketing de American Express, relató cómo sedujeron al segmento de consumidores que va de los
Más allá de los casos de éxito, Norah Schmeichel, directora de la consultora GFK – Kleiman – Sygnos, analizó cuáles son las 13 tendencias que hoy comienzan a definir a los consumidores en
Schmeichel aclaró que una tendencia implica cambios de comportamiento, actitudes o valores en un amplio grupo de personas, aunque no son universales. Además, explicó que cualquier tendencia implica su “contratendencia” y eso permite hablar de paradojas en relación a un determinado fenómeno. Es el caso de los estereotipos de belleza a los cuales tratan de ceñirse las mujeres y la búsqueda de la “belleza real” por parte de otro grupo que se resiste a los modelos impuestos por el mercado (la marca Dove ha dado el puntapié inicial y más rotundo en este aspecto).
Las tendencias identificadas son:
- Green: si bien la mayor concientización respecto del cuidado del medio ambiente comenzó a intensificarse hace ya varios años, desde la consultora entienden que esta tendencia se resignifica y adquiere nuevos límites y conceptos.
Bajo esta categoría, se encuentran los “green green”, individuos severos en sus planteos, y que proponen dejar de consumir para seguir una conducta realmente sustentable, y los “green light” más moderados, que manifiestan un interés por el origen de los productos. - Wellbeing: implica personas más concientes sobre qué deben hacer para tener una vida saludable (aquí apalanca su última campaña Coca-Cola que propone ejercitar la salud emocional).
Esta tendencia comprende su propia paradoja ya que, mientras la gente muestra más preocupación por el bienestar, su comportamiento real dista de ser congruente con esta idea ¿La oportunidad para las marcas? Responder a los pedidos de ayuda que plantean los consumidores a fines de tener una mejor calidad de vida. - El mito de la juventud: está acompañado por una explosión de la oferta de productos para verse mejor. Schmeichel indicó que hoy la población vive más años y tiene menos hijos, a la vez que las sociedades envejecen.
Una de las expresiones de esta tendencia es el disparatado esfuerzo de muchas mujeres por parecerse a sus hijas y hasta por competir con ellas en términos de imagen física. - Homo Mobilis: no sólo se manifiesta en lo tecnológico, sino en lo social, lo físico, lo cultural y lo virtual. Implica manifestaciones
- Snack cult: esto no sólo está relacionado con el auge de la comida rápida y los snacks como papas fritas y otras delicias fritas, sino también con diferentes alimentos fáciles de comer y que implican instantaneidad en el consumo.
- Stressed out: según la consultora, un 25% de la gente está muy seguido saturada de presiones y “hace malabarismos” para cumplir con múltiples tareas.
En este caso, las marcas deben responder con una oferta de productos de “relax” y con otros que ofrezcan diversión y permitan desconectarse.
Algunas curiosidades: la población camina hoy mucho más rápido que en el pasado y sin embargo manifiesta no poder cumplir con sus objetivos. En los Estados Unidos, 70% de las consumidoras dice que no le alcanza el tiempo para hacer todo lo que quisiera.
Más tendencias
- Singles: en
En relación a las modificaciones de los productos, esto lleva a la “miniaturización” de los packs, y a la oferta de viajes y productos exclusivos para las personas que eligen vivir solas.
- Real Fact: según Schmeichel, los consumidores de hoy tienen cierta resistencia a lo que no es auténtico o genuino. Así, cuando el mercado les acerca propuestas livianas, sin contenido, aparecen frases como “esto es puro marketing”. Para contrarrestar esta desconfianza, algunas empresas han comenzado a disponer de laboratorios, en donde la gente prueba los productos antes de comprarlos.
- Premiumization: cuando hasta Ferrari tiene su edición premium, se puede decir que se abre paso un nuevo concepto acerca de aquello que es exclusivo. Los consumidores esperan ahora una “diferenciación absoluta” ¿Algunos ejemplos? El agua con diamantes y las automotrices que lanzan sólo 10 unidades de un determinado modelo.
En este punto, se planteó la paradoja de que si hoy existe un gran deseo por el lujo, al mismo tiempo hay una intensa búsqueda de ofertas y descuentos.
- Living the experience: implica dar a los clientes “algo más que un producto”. Según la expositora, la propuesta hotelera de Alan Faena es un ícono de esta tendencia.
- Hiperconectividad: implica fenómenos como el blogging, la explosión de Internet (“hoy es como el nacimiento de Cristo para los jóvenes, marca un antes y un después”), y el fenomenal avance de la banda ancha. La emergencia de estas plataformas va en detrimento de los contactos “cara a cara”, según la firma de investigación.
- Boca a boca: la gente confía cada vez más en lo que le dicen otras personas. De hecho, un grupo identificado con los “influentials” adquiere un lugar privilegiado en términos de recomendación y credibilidad para el resto de la sociedad. Representan alrededor del 10% de la población y tienen efectos incluso sobre los “early adopters”. Las marcas deben valerse de las posibilidades del marketing viral para explotar este fenómeno y replicar su mensaje.
- Men and women changing role: en el mundo, alrededor del 40% de las mujeres son económicamente activas. Mientras tanto, los hombres hacen crecer exponencialmente el mercado de la cosmética.
Las que saben aconsejan…
Este año, todo el panel de expositores del Día del Marketing estuvo integrado por mujeres. Gerentes de marketing de compañías líderes contaron a un auditorio de más de 1.200 personas cómo trabajan para detectar nuevas oportunidades en el mercado y hacen crecer la facturación de sus compañías.
“La innovación tiene que ver con crear valor y ventajas que sean sostenibles en el tiempo. Esto no se produce de un día para otro ni por un efecto milagroso, sino que son procesos continuos que existen en las empresas”, señaló Pavlovsky, de American Express, que contó cómo hicieron para que hoy el 80% de los socios nuevos adquieran la tarjeta Gold y para incrementar un 50% la facturación de un año a otro.
“Hay que animarse a desafiar el status quo, a fracasar y a aprender de los errores”, señaló.
Andrea Raggio, vicepresidente de Marketing de Cuidado Personal y del Hogar Cono Sur de Unilever, desmintió que el anunciante número uno de
“En realidad”, dijo, “somos una gran escuela de management, donde se trabaja en equipos multifuncionales para entregar al consumidor productos de valor agregado”.
En Unilever están “probando cosas nuevas” para relacionar las marcas con los clientes, como acciones en Internet, celulares, libros y películas.
El caso presentado por Carolina Haymes, directora de Marketing de SanCor, fue uno de los más novedosos teniendo en cuenta que la cooperativa que agrupa a cerca de 1.500 tamberos no tenía hasta hace cinco años un desarrollo local del marketing, y mostraba una rentabilidad baja.
En 2003 convocaron a Haymes con el objetivo general de revertir aquel cuadro, y el desafío específico de rentabilizar el negocio de las leches blancas. En aquel momento, mientras por cada envase de leche obtenían $0,17, por cada uno de chocolatada obtenían $0,70, aunque esta última categoría tenía muy poco volumen.
Luego de detectar que la chocolatada de SanCor era percibida como “aburrida” y que era asimilada a una golosina, definieron una estrategia para comunicar nutrición a las madres y sabor a los chicos.
Crearon el personaje Cora, la vaca rebelde y de figura esbelta a la que no le gusta la leche, y la presentaron a sus públicos. Con este relanzamiento, generaron un crecimiento del 83% del mercado, del cual absorbieron un 65%. Las ventas ya no sólo se duplicaron, sino que se triplicaron.
Para Haymes, la clave de toda estrategia de marketing no tiene tanto que ver con sus variables fundamentales, como con actuar con convencimiento y con disfrutar de lo que uno hace. “Lo que creamos es lo creemos”, sintetizó ante el auditorio.
Fuente: Infobae Profesional.
martes, 27 de mayo de 2008
Informe del INTI sobre calidad en puré de tomates.
Sólo cuatro marcas del total de 19 que se venden en Capital y Gran Buenos Aires cumplen con todos los requisitos. En las demás, el INTI encontró moho, colorantes no permitidos y tejidos vegetales que traen problemas digestivos.
El 80% del puré de tomates envasado en tetrabrick no cumple con las normativas del Código Alimentario Nacional. Así lo determinó un estudio realizado por el Instituto Nacional de TecnoIogía Industrial (INTI) que analizó la calidad de la totalidad de las marcas comerciales en venta en supermercados de Capital Federal y Gran Buenos Aires. De los productos relevados –19 en total–, sólo cuatro cumplieron con las exigencias del Código Alimentario Argentino. En siete productos se encontró una cantidad de moho, superior a la admitida, y conservantes no autorizados. También se hallaron tejidos vegetales en 11 y colorantes no permitidos en tres marcas.
El trabajo forma parte del Proyecto de Pruebas de Desempeño de Productos, con el que el organismo 'pretende informar a los consumidores sobre cómo se adecuan los productos y servicios a las normas vigentes, a fin de que puedan elegir no sólo por el precio sino también por la calidad', dijo Enrique Martínez, presidente del INTI.
El organismo dio a conocer el primero de una serie de trabajos correspondiente al puré de tomate envasado en tetrabrick de
Sólo cuatro marcas cumplen con todas las exigencias: Alco, Arcor,
En siete productos –Montenevi, Día, Jumbo, Marolio, San Remo, Coto y Jettro– se encontró una cantidad de moho superior a la admitida por el Código Alimentario. El moho es un microorganismo multicelular que, en una presencia elevada, puede afectar a la salud.
Tres marcas presentaron mayor dilución que la permitida: Ciudad del Lago, Mora y Coto.
En siete casos se detectaron conservantes no autorizados como el benzoato, un bactericida no admitido expresamente por el Código Alimentario: Carrefour, Ciudad del Lago, Montenevi, Día, San Remo, Coto y Jettro.
Se hallaron tejidos vegetales en once envasados: Mora, Noel, Canale, Molto,
El Código precisa que los concentrados 'estarán libres de fragmentos de piel, semillas, restos de frutos o de la planta de tomate observables a simple vista y microscópicamente': todos éstos son tejidos vegetales que pueden traer problemas digestivos.
Se encontraron colorantes no permitidos en tres marcas: Ciudad del Lago, Coto y Jettro.
El presidente del INTI dijo: 'Queremos que los consumidores participen activamente y dispongan de productos seguros y adecuados a sus necesidades'.
El próximo 15 de marzo, Día Internacional de los Derechos del Consumidor, técnicos del INTI distribuirán folletos con información sobre la pulpa de tomates envasada en los principales supermercados de la ciudad de Buenos Aires.
'Llevaremos nuestros informes a las bocas de expendio masivo para que el consumidor sepa qué es lo que se ofrece y pueda decidir con fundamentos objetivos más claros', concluyó Martínez.
Fuente: INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial)
lunes, 19 de mayo de 2008
Dar de baja un servicio, la mayor queja de usuarios.
Asociaciones de consumidores denuncian complicaciones.
No conforme con la empresa que le proveía Internet, Laura Dos Santos llamó al centro de atención al cliente para dar de baja el servicio, pero no pudo hacerlo. Le dijeron que las cancelaciones sólo se admitían del 1° al 15 de cada mes y, además, que debía abonar la factura que adeudaba. Esperó un mes y logró cancelarlo. Tiempo después le llegó una carta documento de un estudio jurídico, que la intimaba por una supuesta deuda con la empresa. “¡Por un servicio que no usaba hacía más de un año!”, destacó la mujer.
Al igual que ella, miles de argentinos deben invertir mucho tiempo y tener una paciencia muy especial para enfrentar inconvenientes, desquiciantes llamadas telefónicas y engorrosos trámites para dar de baja un servicio. Todo esto pese a que, desde marzo pasado, las reformas a la ley de defensa del consumidor obligan a las empresas a tomar la cancelación de la misma manera en que se realizó el contrato y a enviar, sin cargo, una constancia al consumidor. Muchas compañías incumplen ese y otros aspectos de la nueva norma y, además, muy pocos usuarios están al tanto de ella. Los especialistas aconsejan, por eso, obtener una constancia del trámite por escrito.
“Los inconvenientes para dar de baja un servicio son los principales reclamos que recibimos las asociaciones de defensa del consumidor”, dijo a La Nacion Osvaldo Héctor Bassano, director de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).
La mayoría de las denuncias están relacionadas con los servicios de telefonía celular, Internet y televisión por cable. Las modificaciones a la ley 24.240 (defensa del consumidor), aprobadas por la Cámara de Diputados en marzo pasado, establece que "cuando la contratación de un servicio (...) haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación". Además, obliga a la empresa a enviar, dentro de las 72 horas hábiles después de la solicitud, una constancia fehaciente del pedido de cancelación del servicio. El incumplimiento de estas normativas permite multar a la empresa por hasta cinco millones de pesos.
"En lo que va del año recibimos 20 por ciento más de denuncias por estos problemas que en el mismo período del año pasado", señaló el subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad, Santiago Lucero. A pesar de estos cambios, los usuarios siguen teniendo dificultades, hasta el punto de tener que recurrir a la vía legal para lograr la baja de un servicio.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, destacó que la nueva ley es una respuesta positiva a uno de los principales reclamos que su dependencia recibe históricamente. "La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración legislativa, lo que implica que se deberá aplicar la norma más favorable al consumidor", destacó.
Según Agustín Onagoity, representante del sitio www.dereclamos.com , donde la baja de servicios está en el "top 10" de las quejas de los usuarios, los operadores de atención telefónica a clientes dificultan el proceso de cancelación. "Incluso a menudo entregan información errónea, por ejemplo, dicen que debe hacerse la baja personalmente", indicó Onagoity.
"No es que la ley no sea clara, el problema es que pocas empresas cumplen con la obligación de enviar la confirmación de la cancelación, y sin esa constancia, el usuario sigue recibiendo facturas por un servicio que ya no usa", dijo a LA NACION Gabriel Stiglitz, presidente del Instituto Argentino de Defensa al Consumidor.
Jimena Ardini había contratado un pack de Internet y TV por cable a Multicanal. A los seis meses se mudó a otra casa y pidió el cambio de domicilio a la empresa prestadora. Como le comunicaron que en su nuevo barrio no tenían cobertura, decidió dar de baja ambos servicios. La empresa se negó a cancelar el servicio "porque no había cumplido el año estipulado en el contrato".
Por varios meses siguió recibiendo facturas, hablando con operadores de un call center y acumulando deudas. "Finalmente, decidí presentar una demanda en Defensa del consumidor, y al mes tuve que ir a una audiencia en donde se me dio la baja del servicio y se me eximió de las deudas", contó Ardini.
El 70 por ciento de las demandas por estos inconvenientes termina en una conciliación entre la empresa y el usuario. "Las resoluciones siempre son rápidas y a favor del consumidor, pero lo ideal sería que no se llegue a esta instancia", indicó el juez Dante Rusconi, especialista en defensa de consumidores
Qué dicen las empresas
Las distintas empresas consultadas por LA NACION afirmaron que invierten "el mayor esfuerzo" en la atención al cliente.
En CableVisión, empresa proveedora de televisión por cable e Internet (que agrupa a Multicanal y Fibertel), aseguraron que "se está trabajando para adecuar la atención al cliente a las modificaciones de la ley", y que los reclamos por problemas en la cancelación del servicio "están por debajo del índice histórico de la compañía".
Fuentes de Telefónica Argentina informaron que los usuarios pueden realizar las cancelaciones de sus servicios por teléfono, si así lo desean, aunque también pueden optar por la atención personal. "El único requisito para la baja es que el cliente no tenga una deuda vencida impaga", dijeron.
Sin embargo, adeudar una factura no debería ser un impedimento para la cancelación. "Si el usuario tiene una deuda, puede dar de baja el servicio y pagar lo que debe posteriormente", dijo el juez Rusconi.
Telecom aseguró que la modalidad de baja por vía telefónica ya se encontraba vigente antes de las modificaciones a la ley, y que el trámite sólo requiere la comprobación de titularidad del usuario.
La ley de defensa del consumidor tiene casi 15 años de vigencia. Las últimas modificaciones fueron propuestas por la diputada Patricia Vaca Narvaja y aprobadas por la Cámara hace dos meses. "La razón por la cual los usuarios siguen teniendo complicaciones es la falta de divulgación por parte del Gobierno de los derechos del consumidor y sobre cómo y dónde hacerlos valer", opinó Stiglitz.
La mayoría de los usuarios consultados por LA NACION que tuvieron problemas para dar de baja un servicio no estaban al tanto de la ley ni de las recientes modificaciones.
"Pagué tres meses a Arnet por un servicio de Internet que no funcionaba. Cuando lo di de baja, me cobraron $ 50 y me retiraron el modem, pero me siguieron enviando facturas los meses siguientes", contó Daniela Lichinizer. "No quiero pagar esas facturas, pero tengo miedo de que me corten el servicio de telefonía fija, que se cobra junto con Internet", dijo.
Algunos consejos.
Mediante las modificaciones de la ley, los usuarios deberían poder cancelar el servicio con un simple llamado o correo electrónico, si la contratación fue por estos medios. "Si a las 72 horas la empresa no envía el comprobante, se recomienda que el usuario presente una carta documento para tener una constancia de la rescisión", aconsejó Rusconi.
También se puede redactar una nota y hacer dos copias. Una se debe presentar en alguna oficina de la empresa proveedora, y hacerla sellar por quien la reciba para que el usuario pueda quedarse con una copia.
Federico Ploetz tenía, por razones laborales, cuatro líneas de teléfono celular de CTI. Cuando quiso darlas de baja, sólo le permitieron cancelar tres, porque la cuarta "no había cumplido los 18 meses de contrato". Y sólo pudo cancelar una porque en las otras figuraba una deuda.
"Después de hablar con muchísimos representantes y de ir a las oficinas de atención, decidí denunciar ante Defensa del consumidor", contó Ploetz, y agregó: "Es increíble llegar a esto, pero ante la pésima atención, no me dejaron otra alternativa".
Fuente: Diario La Nación (domingo 18/05/2008)
No conforme con la empresa que le proveía Internet, Laura Dos Santos llamó al centro de atención al cliente para dar de baja el servicio, pero no pudo hacerlo. Le dijeron que las cancelaciones sólo se admitían del 1° al 15 de cada mes y, además, que debía abonar la factura que adeudaba. Esperó un mes y logró cancelarlo. Tiempo después le llegó una carta documento de un estudio jurídico, que la intimaba por una supuesta deuda con la empresa. “¡Por un servicio que no usaba hacía más de un año!”, destacó la mujer.
Al igual que ella, miles de argentinos deben invertir mucho tiempo y tener una paciencia muy especial para enfrentar inconvenientes, desquiciantes llamadas telefónicas y engorrosos trámites para dar de baja un servicio. Todo esto pese a que, desde marzo pasado, las reformas a la ley de defensa del consumidor obligan a las empresas a tomar la cancelación de la misma manera en que se realizó el contrato y a enviar, sin cargo, una constancia al consumidor. Muchas compañías incumplen ese y otros aspectos de la nueva norma y, además, muy pocos usuarios están al tanto de ella. Los especialistas aconsejan, por eso, obtener una constancia del trámite por escrito.
“Los inconvenientes para dar de baja un servicio son los principales reclamos que recibimos las asociaciones de defensa del consumidor”, dijo a La Nacion Osvaldo Héctor Bassano, director de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc).
La mayoría de las denuncias están relacionadas con los servicios de telefonía celular, Internet y televisión por cable. Las modificaciones a la ley 24.240 (defensa del consumidor), aprobadas por la Cámara de Diputados en marzo pasado, establece que "cuando la contratación de un servicio (...) haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación". Además, obliga a la empresa a enviar, dentro de las 72 horas hábiles después de la solicitud, una constancia fehaciente del pedido de cancelación del servicio. El incumplimiento de estas normativas permite multar a la empresa por hasta cinco millones de pesos.
"En lo que va del año recibimos 20 por ciento más de denuncias por estos problemas que en el mismo período del año pasado", señaló el subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad, Santiago Lucero. A pesar de estos cambios, los usuarios siguen teniendo dificultades, hasta el punto de tener que recurrir a la vía legal para lograr la baja de un servicio.
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, destacó que la nueva ley es una respuesta positiva a uno de los principales reclamos que su dependencia recibe históricamente. "La relación entre el prestador de servicios públicos y el usuario tendrá como base la integración legislativa, lo que implica que se deberá aplicar la norma más favorable al consumidor", destacó.
Según Agustín Onagoity, representante del sitio www.dereclamos.com , donde la baja de servicios está en el "top 10" de las quejas de los usuarios, los operadores de atención telefónica a clientes dificultan el proceso de cancelación. "Incluso a menudo entregan información errónea, por ejemplo, dicen que debe hacerse la baja personalmente", indicó Onagoity.
"No es que la ley no sea clara, el problema es que pocas empresas cumplen con la obligación de enviar la confirmación de la cancelación, y sin esa constancia, el usuario sigue recibiendo facturas por un servicio que ya no usa", dijo a LA NACION Gabriel Stiglitz, presidente del Instituto Argentino de Defensa al Consumidor.
Jimena Ardini había contratado un pack de Internet y TV por cable a Multicanal. A los seis meses se mudó a otra casa y pidió el cambio de domicilio a la empresa prestadora. Como le comunicaron que en su nuevo barrio no tenían cobertura, decidió dar de baja ambos servicios. La empresa se negó a cancelar el servicio "porque no había cumplido el año estipulado en el contrato".
Por varios meses siguió recibiendo facturas, hablando con operadores de un call center y acumulando deudas. "Finalmente, decidí presentar una demanda en Defensa del consumidor, y al mes tuve que ir a una audiencia en donde se me dio la baja del servicio y se me eximió de las deudas", contó Ardini.
El 70 por ciento de las demandas por estos inconvenientes termina en una conciliación entre la empresa y el usuario. "Las resoluciones siempre son rápidas y a favor del consumidor, pero lo ideal sería que no se llegue a esta instancia", indicó el juez Dante Rusconi, especialista en defensa de consumidores
Qué dicen las empresas
Las distintas empresas consultadas por LA NACION afirmaron que invierten "el mayor esfuerzo" en la atención al cliente.
En CableVisión, empresa proveedora de televisión por cable e Internet (que agrupa a Multicanal y Fibertel), aseguraron que "se está trabajando para adecuar la atención al cliente a las modificaciones de la ley", y que los reclamos por problemas en la cancelación del servicio "están por debajo del índice histórico de la compañía".
Fuentes de Telefónica Argentina informaron que los usuarios pueden realizar las cancelaciones de sus servicios por teléfono, si así lo desean, aunque también pueden optar por la atención personal. "El único requisito para la baja es que el cliente no tenga una deuda vencida impaga", dijeron.
Sin embargo, adeudar una factura no debería ser un impedimento para la cancelación. "Si el usuario tiene una deuda, puede dar de baja el servicio y pagar lo que debe posteriormente", dijo el juez Rusconi.
Telecom aseguró que la modalidad de baja por vía telefónica ya se encontraba vigente antes de las modificaciones a la ley, y que el trámite sólo requiere la comprobación de titularidad del usuario.
La ley de defensa del consumidor tiene casi 15 años de vigencia. Las últimas modificaciones fueron propuestas por la diputada Patricia Vaca Narvaja y aprobadas por la Cámara hace dos meses. "La razón por la cual los usuarios siguen teniendo complicaciones es la falta de divulgación por parte del Gobierno de los derechos del consumidor y sobre cómo y dónde hacerlos valer", opinó Stiglitz.
La mayoría de los usuarios consultados por LA NACION que tuvieron problemas para dar de baja un servicio no estaban al tanto de la ley ni de las recientes modificaciones.
"Pagué tres meses a Arnet por un servicio de Internet que no funcionaba. Cuando lo di de baja, me cobraron $ 50 y me retiraron el modem, pero me siguieron enviando facturas los meses siguientes", contó Daniela Lichinizer. "No quiero pagar esas facturas, pero tengo miedo de que me corten el servicio de telefonía fija, que se cobra junto con Internet", dijo.
Algunos consejos.
Mediante las modificaciones de la ley, los usuarios deberían poder cancelar el servicio con un simple llamado o correo electrónico, si la contratación fue por estos medios. "Si a las 72 horas la empresa no envía el comprobante, se recomienda que el usuario presente una carta documento para tener una constancia de la rescisión", aconsejó Rusconi.
También se puede redactar una nota y hacer dos copias. Una se debe presentar en alguna oficina de la empresa proveedora, y hacerla sellar por quien la reciba para que el usuario pueda quedarse con una copia.
Federico Ploetz tenía, por razones laborales, cuatro líneas de teléfono celular de CTI. Cuando quiso darlas de baja, sólo le permitieron cancelar tres, porque la cuarta "no había cumplido los 18 meses de contrato". Y sólo pudo cancelar una porque en las otras figuraba una deuda.
"Después de hablar con muchísimos representantes y de ir a las oficinas de atención, decidí denunciar ante Defensa del consumidor", contó Ploetz, y agregó: "Es increíble llegar a esto, pero ante la pésima atención, no me dejaron otra alternativa".
Fuente: Diario La Nación (domingo 18/05/2008)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
