Malo: los comercios de Capital no exhiben precios

Un informe del gobierno porteño advierte que la mayoría de los comercios de la Ciudad no muestra sus precios en las vidrieras. Algunos enseñan listas casi ilegibles

Desde el 2002 existe una ley que ordena mostrar los valores de los productos, pero el grueso de los locales y comercios que operan en la ciudad de Buenos Aires i nfringen la norma al no exhibir en sus vidrieras los precios de los productos que venden.

A esta conclusión arribó un estudio del Gobierno de la Ciudad, realizado por el área de Defensa y Protección al Consumidor. Según la agencia, la ausencia de precios fue la infracción más frecuente en 2009 y representó el 20% de las infracciones registradas.

En total se relevaron 17.553 locales, y la omisión del precio generó el labrado de 1010 actas,señala La Nación. La ley 22.802 de lealtad comercial fue creada con el fin de transparentar la compra-venta de cualquier producto o servicio. Quedan exentos, solamente, los comercios de alhajas, antigüedades, obras de arte y pieles naturales.

“La ironía mayor, y bastante frecuente, son los carteles que se repiten: Rebajas -50% off!. Como no figuran los precios, nadie sabe sobre qué se aplica el citado descuento. Otra picardía porteña”, evaluó el matutino que hizo una recorrida por distintos barrios.

En Capital Federal, existen unos 125 mil comercios, más de la mitad son de venta de productos, el 23% ofrece servicios y el 9% son del rubro gastronómico.
De las 5146 actas de infracción labradas, el 20% fueron por la ausencia de exhibición de precios en las vidrieras.

Podrán reclamar dinero por incumplimiento de servicios

Hasta el momento, cuando un consumidor estaba insatisfecho, se llamaba a conciliación y, de no haber acuerdo, la empresa pagaba una multa que iba a las arcas de la Ciudad. Ahora, el dinero irá para los damnificados. El resarcimiento podría ser de hasta 5.300 pesos

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que permite que los consumidores insatisfechos con un producto o con un servicio no recibido no sólo puedan hacer la denuncia a la Defensa del Consumidor, sino también reclamar un resarcimiento económico por las molestias ocasionadas. De todas formas, aún falta que el Ejecutivo la promulgue, algo que se supone ocurrirá en los próximos días.

Hasta el momento, si un consumidor no recibía su producto o servicio, se hacía una denuncia y la Defensa del Consumidor porteña trataba de llegar a un acuerdo entre las partes mediante llamados a conciliación. Si no se llegaba a un arreglo, la empresa debía pagar una multa que se destinaba al Gobierno y el damnificado no obtenía ningún beneficio, a no ser que iniciara un juicio por daños y perjuicios.

Sin embargo, con esta ley, impulsada por Ivana Centanaro (del kirchnerismo) y por Gerardo Ingaramo (del macrismo), se verán beneficiados, sobre todo, aquellas personas que realizaron la denuncia por cuestiones menores. Así, se buscará compensar el tiempo que se perdió y los gastos ocasionados, y reembolsar el dinero en caso de haber puesto una seña que no haya sido devuelta.
En total, se podrá reclamar hasta el equivalente a cinco canastas básicas, lo que en el presente equivale a 5.300 pesos.

Ante qué circunstancia se puede denunciar
La denuncia puede realizarse cuando el individuo se vea afectado por una empresa privada, pero con respecto a las empresas que prestan servicios públicos sólo se podrá hacer un reclamo sobre cuestiones contractuales (como el incumplimiento de la fecha para instalar una conexión de electricidad), pero no por cuestiones técnicas (como la baja de tensión en un departamento). En este último caso, habrá que seguir el reclamo ante el ente que corresponda.

Cómo es el trámite
El damnificado deberá presentarse en cualquiera de los Centros de Gestión y Participación de la Ciudad y dirigirse al sector de Defensa del Consumidor. Allí, deberá dar sus datos personales, explicar en qué consiste el hecho denunciado, adjuntar comprobantes de la compra o contratación del servicio incumplido y aclarar que se solicita resarcimiento por daño directo con un monto específico que pueda ser justificado.

Una vez hecho el trámite, la dirección de Jurídicas de Defensa del Consumidor llamará a conciliación y resolverá si el pedido es justo o no, e incluso si se debe resarcir aunque no lo haya pedido el damnificado.

Fuente: Infobae.com

Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho

Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál?
Por Enrique Colombano

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál? Sí. Adivinó. Francisco Cabrera desea fomentar las inversiones y no se le ocurrió mejor idea que desmantelar la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDPC) y pasarle el control de la pelota a los CGP Comunales, que dependen de la Jefatura de Gabinete. Todo bajo la bandera de la descentralización, que durante la administración Macri dejó de flamear en un ministerio para tibiamente ondear en una dirección general, es decir, un área de tercer nivel.

Lo que estamos contando en estas líneas es la historia no oficial que manejan los diputados porteños. No oficial porque, según supo NOTICIAS URBANAS, fue negada por el ministro en los diálogos telefónicos que mantuvo con algunos de los exacerbados legisladores. La desmentida no impidió que el diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) redactara, con el apoyo explícito de Ivana Centanaro (FPV) -titular de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios- y de varios legisladores más, un proyecto para que el Parlamento porteño manifieste su "preocupación" ante la eventualidad de este cierre.

¿Cuáles son los peligros que, de concretarse, esconde esta movida gubernamental? Para los empleados que trabajan en la DGDPC, el mayor riesgo es el despido. Para los usuarios y consumidores, que sus reclamos queden en la nada.

PILAS DE DENUNCIAS

La DGDPC recibió el año pasado 9.428 presentaciones de usuarios por abusos empresariales y este año, 7.800 más. Las denuncias pueden realizarse directamente en el edificio central, Esmeralda 340, o en los CGPC, que funcionan como ventanillas de atención.

Los expedientes sin resolución caducan a los tres años. A pesar de contar con una vasta estructura, la DGDPC tuvo que emitir este año una resolución dando de baja 2.000 expedientes vencidos durante 2006 y 2007. No hacen falta más datos para imaginarse qué puede pasar si la Dirección desaparece y es suplantada por un mini departamento que coordine las presentaciones de los usuarios en los CGPC, tal como amenaza la versión que manejan los diputados. Lo más probable es que las acciones de defensa del consumidor se vean reducidas a la mera recepción formal de reclamos por parte del Gobierno porteño.

Los rubros que están al tope de los cuestionamientos son los mismos de siempre: telefonía celular, cable /internet y empresas de electrodomésticos que no respetan las garantías de los productos. Una vez efectuada la queja, la DGDPC procede a citar a las partes en disputa a una audiencia voluntaria. No es necesario concurrir con un letrado patrocinante. Se le explica a la parte demandada cómo es la ley y que, de comprobarse su culpabilidad, se le puede aplicar una multa de hasta 5 millones de pesos. Seis de cada diez casos, en promedio, llegan a una conciliación en esa instancia. Si no hay acuerdo, el expediente pasa a un cuerpo de abogados que dictamina y procede a multar a las empresas que considere incumplidoras de la ley nacional 24.240, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa norma, recientemente modificada, incorporó el recurso de daño directo, que establece que la empresa multada debe, además, indemnizar al consumidor o usuario perjudicado en la medida del daño causado. Por cuestiones operativas, esto aún no se aplica en la Ciudad, donde los usuarios sólo son resarcidos en caso de conciliación. En la DGDPC también funciona el área que vela por el cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial y que castiga a las compañías que, por ejemplo, hacen publicidad engañosa.

"Muchos legisladores porteños, y algunos medios, nos han hecho llegar la preocupación respecto del análisis que está realizando en estos momentos el Gobierno de Mauricio Macri, a partir de la iniciativa del Ministro del Área, Francisco Cabrera, para disolver las oficinas de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor. De tomarse esta decisión, el Jefe de Gobierno encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada", advierte la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, en el sitio web de esa organización. Allí se denuncia que el gobierno de Macri "quiere anular y disolver la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional". La versión difiere en este último punto de la que circula en la Legislatura. Pero no en la cuestión central.

El día previo a la última sesión -que finalmente se cayó- y por pedido del titular del bloque PRO, Oscar Moscariello, los diputados de la oposición habían aceptado transformar el proyecto que declaraba la preocupación del cuerpo legislativo en un pedido de informes al Gobierno porteño. Se trata de un cambio que busca bajar los decibeles a la disputa. Se entiende: una declaración da por sentado el hecho; un pedido de informes, en cambio, interroga sobre su existencia. Y así, si el ambiente se calienta demasiado, el Ejecutivo puede negar todo.

El mejor de los escenarios, entonces, es el siguiente: la oposición se conforma con que Cabrera retroceda y acá no ha pasado nada. En el Gobierno dirán que hubo un poco de paranoia legislativa.

Y estas líneas serán un nuevo invento del periodismo.

Jornada de Actualización en Defensa del Consumidor

Mañana 26/08/2008, de 18 a 19 hs, se llevarán a cabo otra Jornadas organizada por la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad.

Esta vez, los temas serán:

“LEALTAD COMERCIAL SORTEOS Y EXHIBICION DE PRECIOS”, por la Cra. Griselda A. VARELA, Coordinadora del Área de Publicidad de Defensa del Consumidor de la Nación.

“PUBLICIDAD ENGAÑOSA”, por el DR. Jorge A. SURIN, del Área de Control de Publicidad Defensa del Consumidor GCBA.

“LOS CONSUMIDORES Y LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS”, por la DRA. Beatríz GARCIA BUITRAGO, Presidenta de Asociación “Consumidores Argentinos”
CIERRE DE LAS JORNADAS a cargo de la Dra. Ivana C. CENTANARO, Presidenta de la Comisión de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Legislatura de la Ciudad de Bs As

INSCRIPCION 4338-3143
SalónSe entrega Certificado de Asistencia.
Montevideo Peru 130

Fuente: NoticiasDeConsumo.com

La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cada vez gana más terreno.

Los jueces recurren a esa norma para condenar a bancos, financieras y prepagas. En esta oportunidad, sancionaron a una empresa de concesión vial.

La aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) se expande casi a todas las relaciones comerciales. En esta oportunidad, la Justicia se valió de esa normativa para condenar a una concesionaria vial por los daños que sufrió un automovilista a causa de un accidente en una ruta.

DC es una norma que protege a usuarios y a consumidores por los daños que éstos sufren en la relación de consumo. Su uso resulta cada vez más frecuente y los jueces ya la están aplicando para sancionar a bancos, empresas de servicios financieros y prepagas.

Dentro de este contexto, los especialistas indican que la utilización de esta norma está creciendo, en parte, a causa de su reciente modificación legislativa.

Sucede que en abril pasado el Congreso aprobó una reforma a la LDC que, entre otras cuestiones, estableció la posibilidad de que los usuarios pudieran reclamar en la Justicia por una nueva categoría de perjuicio, al consagrar el resarcimiento del “daño punitivo” hasta un tope de $5 millones. (Nota)


Es por eso que los abogados recalcan que la reforma potenciará los reclamos de los consumidores, y que esa ley se aplicará crecientemente por los tribunales a fin de condenar a compañías de distintos rubros y por las más variadas causas.

El caso
En esta oportunidad, los jueces tomaron como base esa ley para condenar a una empresa de concesión vial por los daños sufridos por un automovilista, quien sufrió un accidente al momento de transitar la ruta concesionada.

El tribunal adoptó esta determinación en la causa "Parisotti Crisanto c/ Camino del Atlántico S.A. s/ Daños y perjuicios" (ver fallo completo provisto por elDial.com).

Los jueces indicaron que “el vínculo que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual, que hace nacer una obligación objetiva de seguridad por resultado a cargo del primero, de manera que enlaza al usuario con el concesionario en una típica relación de consumo”. Por eso, los magistrados establecieron que la responsabilidad de la empresa tenía origen contractual y se tornaba operativa por las previsiones de la LDC.

“El fundamento de la responsabilidad objetiva reposa sobre el deber de seguridad, que ha sido receptado normativamente en la LDC, según el cual las cosas o servicios deben ser suministrados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios”, sostuvieron.

Es decir, para el tribunal, la responsabilidad de la compañía no descansa en una causal subjetiva como la culpa, la negligencia o el dolo, sino en un factor objetivo, como el deber de seguridad y protección de los bienes del usuario que la empresa concesionaria debe garantizar.

Además, los jueces precisaron los efectos que tiene la LDC al establecer que la Constitución Nacional adopta la expresión "relación de consumo" para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con “una visión más amplia” a todas las circunstancias que rodean o se refieren a la satisfacción y la demanda de bienes y servicios.

Deber de seguridad
Esteban Rópolo, socio de Baker & McKenzie, resaltó que los jueces condenaron a la concesionaria vial por la violación del deber de seguridad consagrada en la LDC. “Este deber de seguridad en cabeza de quien comercializa bienes o servicios es aplicado crecientemente por los tribunales a fin de condenar a empresas de los más variados rubros y por las más diversas causas”, advirtió.

El abogado recordó una sentencia reciente donde -aplicando esa misma normativa- se condenó a un banco a indemnizar a un cliente por el robo sufrido a través de un cajero automático.

“Dicha condena se fundamentó en la obligación del banco de garantizar un entorno seguro al cliente para que éste pueda realizar sus operaciones bancarias”, dijo.

Y agregó: "El deber de seguridad, y la responsabilidad objetiva (sin culpa), se han ido extendiendo a la totalidad de las relaciones de consumo”.

A fin de evitar demandas de consumidores de este estilo, el especialista puntualizó que las empresas deberán probar que han tomado todas las medidas a su alcance necesarias para garantizar al consumidor el “uso pacífico y sin riesgos” de los bienes y servicios que aquellas comercializan.

Aplicación cotidiana
Para Ignacio Mazzocco, Profesor Titular y Director de Educación Profesional de la Universidad Torcuato Di Tella, el régimen de Defensa del Consumidor está siendo aplicado asiduamente por los tribunales a la gran mayoría de relaciones comerciales habituales y cotidianas, y este hecho genera un sinnúmero de contingencias que deben ser analizadas dentro de cada industria.

Al comentar el caso en particular, el abogado dijo que la cámara aplicó en la causa las previsiones de la ley 24.240 en forma directa, y siguiendo el criterio sentado por la Corte Suprema en el caso “Ferreyra”.

Mazzocco manifestó que, en este último caso, la Corte sostuvo que la relación que se establece entre el concesionario y el usuario de una ruta de peaje es una relación contractual de consumo que tiene recepción normativa en la LDC.

Más rubros, más reclamos
En julio pasado, la justicia comercial condenó a un banco por la extracción irregular de fondos efectuada por terceros, mediante la confección de una tarjeta de débito “melliza” a la del cliente afectado.

El tribunal validó la aplicación de la LDC al precisar que esa norma debía ser aplicada en las relaciones existentes entre los bancos y los usuarios, para proteger a la parte más débil en la relación. (ver nota: "Fraude bancario: lo engañaron y ahora obligan a la entidad a indemnizarlo").

De la misma manera, la Justicia también extendió la aplicación de la LDC a las relaciones existentes entre los afiliados y las empresas de medicina prepaga. Así, en julio pasado, un tribunal multó a una prepaga por negarse a cubrir un tratamiento. (ver nota: "Multan a prepaga por negarse a cubrir operación").

Los jueces analizaron que el contrato que unía a la paciente con la prepaga "se caracteriza por ser uno de adhesión, de consumo y de larga duración. Quien dispone es un empresario, quien concentra para sí el poder de negociación".

"Los contratos que vinculan a una medicina prepaga con sus clientes son contratos de adhesión con cláusulas predispuestas, por lo que el poder de negociación de las partes es diferente, pudiendo presentar desequilibrios en la relación contractual que ocasionen perjuicios a la parte más débil -adherente-", concluyeron.

Fuente: InfoBaeProfesional.com

Multaron a Coto por violar la ley de Defensa del Consumidor

La cadena de supermercados no cumplió con toda la información que requiere la norma en una promoción de productos. “Ha quedado suficientemente claro que se trata de una infracción formal que no requiere la existencia de perjuicio concreto alguno en terceros”, dijo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al confirmar la multa de 10 mil pesos.

Contencioso Administrativo Federal, en autos caratulados “Coto Centro Integral de Comercialización SA c/ DNCI - Disp 334/06”, confirmaron la multa de 10 mil pesos que la Secretaría de Comercio Interior le impuso en marco de 2006 al supermercado Coto por no informar debidamente los alcances en una promoción para la compra de carnes, pastas y rotisería en violación a la ley de Defensa del Consumidor. “Ha quedado suficientemente claro que se trata de una infracción formal que no requiere la existencia de perjuicio concreto alguno en terceros, bastando para su configuración el mero incumplimiento, por lo que los agravios relativos a este punto carecen de sustento”, sostuvieron los magistrados.

Coto dijo que se trató de un error involuntario y que ningún cliente se quejó ni presentó denuncias. Agregó que cumplió con los términos de la publicidad y pidió que se tuvieran en cuenta la inexistencia de antecedentes de la empresa.

La publicidad en debate es la que ofertó un “20% descuento en carnes de novillo, pastas elaboración propia y rotisería con todos los medios de pago” “desde el 23/09/2005 al 24/09/2005 o hasta agotar stock disponible, lo que ocurra con anterioridad”.

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, le impuso una mula de 10.000 pesos por violar el artículo 7 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo 7° del decreto 1798/04 que imponen la obligación de informar la cantidad de productos que tiene la promoción.

“La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones”, señala la ley de Defensa del Consumidor en su capítulo III sobre las condiciones de la oferta y la demanda.

“Si la función de la publicidad en cuestión era poner en conocimiento del público la existencia de ofertas, ante el poder masivo de difusión que genera el aviso por el medio a través del cual fue publicado, se infería que la sumariada esperaba un alto nivel de captación de público, de manera que la mención de la cantidad de productos disponibles ofertados resultaba un elemento esencial, a fin de que el consumidor no viera frustrada su intención de concretar la compra por indisponibilidad”, resumieron los camaristas los argumentos de la Secretaría.

Para los jueces los argumentos de la apelación de Coto “en modo alguno logran desvirtuar los fundamentos tenidos en cuenta por la autoridad administrativa para decidir como lo hizo, limitándose a ser una mera reproducción de argumentos vertidos con anterioridad, debidamente abordados, desarrollados y desechados en la resolución atacada”.

"Coto Centro Int. de Comercializacion SA c/ DNCI - Disp 334/06"

Fuente: DiarioJudicial.com.ar

Entidades de defensa al consumidor, juntas contra la suba de energía.

Diferentes organismos realizarán una presentación conjunta ante el Ministerio de Planificación, que anunció aumentos en parte de las tarifas eléctricas. La Defensoría del Pueblo adelantó que va a “impugnar el instrumento utilizado" para determinar el incremento

Diferentes entidades de defensa de los consumidores del país realizarán una presentación ante el Ministerio de Planificación de la Nación, en la que cuestionarán la legalidad del aumento que la cartera a cargo de Julio de Vido anunció para la energía. Los organismos sostienen que el gobierno debía convocar una audiencia pública para consensuar el ajuste, cosa que no se realizó, por lo que también movilizó a la Defensoría del Pueblo a “impugnar el instrumento utilizado" para determinar el incremento.

Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) son algunas de las organizaciones que este jueves se expedirán ante Planificación, según publica el sitio lanacion.com.

El presidente de la primera, Pedro Bussetti, manifestó que en 2005 el gobierno quedó en convocar a una audiencia pública para definir próximas alzas, algo que "nunca hizo", por lo que "esta suba no es legal" y "no es cierto que sólo alcance al 25 por ciento de los hogares", y por eso realizará la presentación.

De la misma también se hará eco el CEC, según señaló su presidenta, Susana Andrada, que también repudió la medida aunque aclaró que había que empezar a actualizar tarifas. "Esta es una forma de reducir los subsidios –disparó–, mecanismos muy oscuros que maneja el Estado para que no suban las tarifas de nada. La tarifa social, planteada sobre la base de un estudio socio ambiental, debería empezar a implementarse de una vez por todas".

La Defensoría del Pueblo también puso el grito en el cielo

El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también se manifestó en contra de la suba y consideró que "no se puede discutir el aumento de tarifas en un marco de ilegalidad”, por lo que se va a “impugnar el instrumento utilizado"

“Nos hubiera gustado que el Congreso aprobara la carta de entendimiento y que hubiera habido audiencia pública como marca la ley –remarcó el ombudman–; así que vamos a impugnar el instrumento utilizado".

La polémica se desató tras que este miércoles el gobierno nacional autorizara una suba en las tarifas de luz para los usuarios de mayor consumo de Buenos Aires y La Plata, y los del interior a los que provee Transener. En Santa Fe, la EPE le compra a esta distribuidora, aunque aún se encuentra en análisis de qué manera puede impactar la iniciativa en el bolsillo de los consumidores.

Fuente: Rosario3.com

Defensa del Consumidor dedica un día entero a la semana a las denuncias contra Arnet / Telecom

Misiones

Las quejas más importantes en cantidad dentro de lo que recibe la Dirección de Defensa del Consumidor en Misiones están centradas en servicios de Internet y telefonía. En ese contexto es que desde esa repartición desde hace tiempo dedican toda la jornada de los días lunes a atender exclusivamente las denuncias por mal servicio presentadas por usuarios de la prestataria Arnet / Telecom que encabeza por buena diferencia los listados de expedientes abiertos en sus rubros.

Fabián Nucci, director de Defensa del Consumidor de la Subsecretaría de Comercio Interior de Misiones comentó a Radio Antena Uno que la “telefonía celular es el rubro con mayor cantidad de denuncias dentro de las cuales muchas son por mal servicio y otras por facturación errónea”.

“Sin embargo es internet uno de los servicios que tiene más problemas según las denuncias de la gente” explicó Nucci.

“Nosotros dedicamos un día exclusivo de trabajo, el lunes, a las denuncias contra una misma empresa Arnet / Telecom”, puntualizó el funcionario. (Antena Misiones)

Fuente: OberaOnline.com.ar

Publicación: 21/07/2008 Temática: Politica PARA BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES Ingaramo presentará un libro "Ley de Defensa del Consumidor"

PARA BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES

El día martes 22 de Julio, a las 18, el diputado porteño, Gerardo Ingaramo (PRO), realizará en la Legislatura un encuentro donde se presentará el libro "Ley de Defensa del Consumidor" de los autores, Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe.

En el salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad, el diputado por el PRO Gerardo Ingaramo realizará el martes 22 de julio, a partir de las 18, un acto donde se presentará el libro del Dr. Javier Hernán Wajntraub y el Dr. Jorge Mosset Iturraspe, titulado "Ley de Defensa del Consumidor".

El libro describe, comenta y analiza la nueva ley de Defensa al Consumidor y usuarios (24.240 con la reforma de la ley 26.361). El fin de este libro es dar a conocer al público los alcances de dicha ley y su utilidad en la cotidianeidad de los vecinos porteños.

Además, al encuentro acudirán autoridades de las Asociaciones de Consumidores, representantes del Poder Judicial y Ejecutivo de la CABA, y legisladores nacionales y del ámbito local.

Fuente: NoticiasUrbanas.com.ar

Las firmas de medicina prepaga suben la cuota hasta 11%

Ya comenzaron a comunicarles el incremento a sus afiliados. Arguyen que no tienen otra salida dado el alza de los costos de salarios e insumos. Antes de fin de año, habrá otro aumento.
Las empresas de medicina prepaga comenzaron a enviar las "temidas" cartas a sus afiliados, en las que adelantan que se hará efectivo un aumento de la cuota entre 9 y 11 por ciento entre agosto y septiembre.

La suba será similar a la que ya informaron los hospitales de comunidad, como el Británico, el Alemán o el Italiano; y como aquellos, las prepagas argumentan que no tienen otra salida para paliar los continuos aumentos de los costos salariales y los insumos.

La notificación de las empresas debe llegar con un mes de antelación, según la normativa vigente, por eso las prepagas que aún no enviaron las cartas se están apurando por hacerlo.

En enero las prepagas ya habían aumentado un 24% sus cuotas, también como forma de compensar las subas de costos del año pasado.

Para noviembre habrá un nuevo aumento, que regirá recién a partir de diciembre, y entre ambos ajustes la cuota se habrá incrementado entre 20 y 25 por ciento.

Claro está, que las actualizaciones no están relacionadas exclusivamente con la suba de los insumos, sino también con la reapertura de la paritaria del sindicato de sanidad en todas las ramas de su convenio colectivo.

Los trabajadores intentarán sellar un aumento salarial del 15% a partir de agostos y otro de 10% a partir de diciembre, según publica hoy un matutino porteño.

Hoy en día, la medicina privada atiende a cerca de 4 millones de personas, de las cuales el 70% obtienen el servicio a través de sus empleados, en los denominados planes corporativos.

Fuente: InfoBae.com

Defensa del Consumidor podrá multar a los comercios infractores

CORRIENTES
Los usuarios podrán ser defendidos y reclamar ante la oficina municipal.

A partir de los próximos días, los correntinos podrán recurrir a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor que los podrá defender gracias a la reciente aprobación en el Concejo Deliberante de la ordenanza que regula el procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y el usuario. La misma se creará en el ámbito de la Secretaría de Gobierno.

Así como también, pero en el ámbito de la Justicia de Faltas, se creará el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor y Protección del Usuario.

Según la ordenanza aprobada, las multas para los comercios infractores irán desde los $100 hasta los $500.000, decomiso de mercaderías, clausura del comercio y pérdida de concesiones.
El procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 podrán iniciarse, según lo establecido en la ordenanza, de oficio o por denuncia de los consumidores y usuarios en forma individual o colectiva.

En cuanto a la iniciación del sumario por denuncia, la misma podrá formalizarse por escrito o verbalmente, dejando debida constancia en este último caso. En ambos dos, se adjuntarán las pruebas y se dejará constancia de los datos de identidad y el domicilio real del denunciante.

En caso de constatar la infracción, se intimará al infractor a que abone su importe y acredite su pago en el término de diez días hábiles, debiendo demostrarse el depósito mediante boletas respectivas, sin cuyo requisito el crédito no se tendrá por cancelado. Por otra parte, la ley señala que la falta de pago hará exigible el cobro mediante ejecución fiscal por vía de apremio.

Mientras que si la condena es el decomiso de la mercadería y/o el producto de la infracción, el Municipio lo hará efectivo bajo constancia en acta.

Cabe señalar que la ordenanza establece en su capítulo de sanciones, que las mismas se aplicarán en forma independiente o conjunta, según las circunstancias de cada caso.
En ese sentido, se destaca que se impondrá la sanción administrativa de contrapublicidad al denunciado que mediante información publicidad incurra en prácticas engañosas o abusivas en infracción a las normas nacionales vigentes y a dicha ordenanza.

Por ello, los consumidores correntinos que sean engañados durante la compra o adquisición de algún producto que se les entregue dañado por ejemplo, podrán realizar, en caso de no recibir solución a sus reclamos en el comercio, la denuncia correspondiente en la oficina que pronto será creada en el ámbito municipal.

Según se establece, los importes de las multas serán destinados al sostenimiento de los gastos que demanden su cumplimiento y para promover la educación del consumidor.

Funciones de la entidad

La función de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y protección al Usuario será la de prestar asesoramiento y evaluar consultas; brindar información, orientación y educación al consumidor; efectuar controles sobre productos y servicios; recibir denuncias y recepcionar los correspondientes descargos; propiciar y aconsejar la creación de normativa protectiva en el ámbito de competencia municipal.

Además, le corresponderá colaborar con los gobiernos provincial y municipal en campañas de información, difusión y educación para el consumo. Así como también asistir al Juzgado Municipal en lo que necesite.

Fuente: SietePuntasDigital.com

HIPER RODÓ: SANCIÓN POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN SAN ISIDRO

La firma Bosán SA (Hiper Rodó) recibió una sanción de 5 mil pesos en la Oficina Muncipal (OMIC) de San Isidro a cargo del Dr. Vázquez Pol.

El motivo fue la denuncia de una señora que vió una publicidad en el Dirio Clarín el 11/8/07, en la cual se ofertaba un DVD Phillips a $219. Pero, cuando cuando fue a la sucursal de Unicenter, el vendedor le aclaró que no era Phillips sino otra marca de inferior calidad “Maxcanavox”.

Se consideró que hubo infracción a los artículos 4 (deber de Información objetiva, veráz, detallada, eficaz y suficiente), artículo 7 (cumplimiento de la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados) y artículo 8 (las precisiones formuladas en la publicidad obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor).

No hubo acuerdo entre la empresa y la denunciante en las audiencias conciliatorias, por lo que se inició un expediente y finalmente, Hiper Rodó terminó sancionada (con posibilidad de ser recurrida para su revisión).

OMIC San Isidro
Responsable: Dr. Martin Vazquez Pol
Teléfono: 4575-4006
Dirección: Martin y Omar 89

Fuente: NoticiasDeConsumo.com

Defensa del Consumidor: la Ciudad inauguró tres nuevos centros de atención

Allí se podrá solicitar asesoramiento, formular denuncias y tramitar audiencias de conciliación. Funcionarán en los Centros de Gestión y Participación.

La Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires inauguró tres nuevos centros de atención en los barrios de San Nicolás, Villa Lugano y Palermo.

Los mismos funcionan en los Centros de Gestión y Participación (CGP) 1, 8 y 14, y allí los ciudadanos pueden solicitar asesoramiento, formular denuncias y tramitar audiencias de conciliación.

Estas inauguraciones se hacen en el marco del plan de defensa del consumidor, que prevé para este año la apertura de otros tres centros.

"Nos habíamos fijado como objetivo incrementar en 50% la infraestructura destinada para atender reclamos, incorporando seis nuevas oficinas en los CGP de la Ciudad.

Ya incorporamos tres y antes de que termine el año vamos a incorporar las tres restantes", destacó el director del organismo porteño, Ramiro Masjuan.

Por otra parte, la Dirección de Defensa del Consumidor Porteño distribuirá 50 mil ejemplares de un cuadernillo con la legislación que protege a los ciudadanos en su rol de consumidores.

Las personas que quieren realizar consultas disponen de una línea gratuita 0800-999-2727 que funciona todos los días del año en el horario extendido de 8 a 23.

Desde la página web www.buenosaires.gov.ar/consumidor, se puede iniciar un trámite de la denuncia, bajar leyes y enviar consultas.

Fuente: InfoBaeProfesional.com

Defensa al Consumidor tendrá más poder a la hora de actuar

La nueva norma le atribuye el poder de policía para defender los derechos de los consumidores.

“Se ha planteado darle a las provincias la facultad del poder de policía para la defensa del consumidor”, informó a Ciudadano, la subsecretaria de Defensa del Consumidor de la Nación, María Lucila Colombo.

La funcionaria participó de la jornada de capacitación sobre los nuevos puntos que plantea la reforma de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, sancionada en marzo de este año.

El taller se realizó ayer en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo y estuvo destinado a los cuerpos jurídicos de la Dirección de Fiscalización y Control, Defensa al Consumidor y a los representantes de las áreas pertenecientes al organismo que trabajan en los diferentes municipios.

“La reforma de la ley 24.240 tiene unos capítulos interesantes que requieren que nosotros estemos preparados para la tarea gubernamental”, indicó Colombo.

La reforma de esta ley lleva a que los entes de fiscalización de cada provincia abarquen más aspectos, en función de la defensa de los derechos de los consumidores e intensifiquen los controles.

“Por lo tanto, cada provincia tiene la responsabilidad de mejorar, potenciar y fortalecer sus propios esquemas. De hecho, Mendoza ya ha realizado un trabajo muy importante”, comentó la funcionaria nacional.

La idea que surge de este trabajo en conjunto con todas los organismo de defensa al consumidor, es que desde estos lugares se puedan identificar dónde se cometen abusos de precios y publicarlos para que la información llegue a manos de los consumidores. “Con esto vamos a estar cuidando los salarios de los trabajadores”, advirtió Colombo.

Incumplimiento de los acuerdos
Los acuerdos de precios que se hacen a nivel nacional generalmente no llegan a las góndolas de los comercios de Mendoza.

Ante esta situación, Colombo recomendó que se denuncie el incumplimiento de estos tratados. “Los acuerdos deben ser cumplidos. Cuando las empresas hacen estos acuerdos no es que se están yendo ‘a banca rota’, es que se está colocando una racionalidad entre que se ganan por un tipo de cambio competitivo y otros puntos más”, explicó la subsecretaria.

Fuente: CiudadanoDiario.com.ar

Impiden el ingreso de Telefónica de España en Telecom Argentina

Una nota de la Secretaría de Comunicaciones solicita a los empresarios italianos que mantengan el actual estado accionario de Telecom Argentina y no lo modifiquen sin previa autorización

El Gobierno comenzó a preocuparse por la situación accionaria entre Telecom y Telefónica, y recordó que sin su autorización es imposible realizar cambios en la compañía de telecomunicaciones, según consta en la nota 1004/08 firmada el jueves de la semana pasada.

El secretario de Comunicación, Lisandro Salas, se dirigió a las autoridades de Telecom Italia para hacerles saber que el Gobierno argentino está analizando en detalle el impacto en el sector del ingreso de Telefónica de España al mercado. En los hechos, también le impediría a Telecom Italia ejercer la opción de compra que tiene sobre las acciones que hoy están en poder del Grupo Werthein.

La Secretaría fundamentó la medida en el informe del veedor, que fue designado por el juez interviniente en el litigio, que señala que el funcionamiento de Telecom Argentina no se ha visto afectado por el supuesto problema que existe entre sus accionistas.

La nota es de ocho páginas y en ella hay un pedido expreso a los italianos de abstenerse de celebrar cualquier contrato que implique un incremento de su participación accionaria directa o indirecta en Sofora Telecomunicaciones (la controlante de Telecom Argentina).

Tampoco podrán celebrar contratos que impliquen ceder sus acciones en Sofora a favor de un tercero, y "deberán abstenerse de firmar contratos que tengan por objeto limitar la competencia o el acceso al mercado de telecomunicaciones argentino y/o que constituyan un abuso de una posición dominante", finaliza el texto de la norma.

Alerta por monopolio
Dada la participación accionaria de Telecom Italia en la filial argentina y la porción que adquirió Telefónica de España, que le permite tomar las decisiones más importantes de la compañía, se originó un reclamo tanto de los accionistas locales de Telecom Argentina como de asociaciones civiles y el resto de los proveedores de telecomunicaciones con presencia en el país, que advirtieron sobre la posibilidad de un monopolio privado.

El especialista en telecomunicaciones Henoch Aguiar ya había advertido días atrás que el Gobierno "está a tiempo de impedir una concentración que puede herir de muerte la competencia futura en la Argentina".

El especialista destacó que, de producirse la fusión de Telefónica de España con Telecom Argentina, sería "la mayor operación de concentración empresaria que se haya conocido, porque ambas empresas controlan el 95% de la telefonía fija, el 70% de la telefonía celular y de la banda ancha" en la Argentina.

El profesor titular de la UBA y ex secretario de Comunicaciones también resaltó que la unificación de ambas compañías, en la Argentina, dejará como escenario "un conglomerado de medios televisivos abiertos, encabezados por Canal 11" o su denominación actual, Telefe.

"Es muy preocupante" la situación, porque podría "consolidarse un monopolio del que nos arrepentiremos después", ultimó.

Fuente: InfoBae Profesional

Webclaims: para quejarse mejor

Ahora los consumidores pueden reclamar por internet. Cómo reaccionan las empresas y cómo llegan al usuario.

Para las empresas, la opinión de un cliente puede ser una bendición o una fatalidad. Según un informe de la consultora Nielsen, el 78% de los consumidores dice que la publicidad más efectiva es la recomendación de los propios consumidores. Antes, este poder se controlaba con una o dos alternativas: se pagaban miles de dólares para que un famoso use y aconseje el producto y se dejaba a disposición de los usuarios anónimos un libro de quejas, bien pulcro, bien guardado, donde acumular las críticas. Después era cuestión de rezar que el “boca en boca” no se difundiera más allá del barrio o el grupo de amigos. Pero ahora el reclamo o la recomendación se volvió 2.0.

EXPLOTAN LAS WEB. Explotan los sitios web específicos para quejas, los blogs de usuarios enojados, las críticas en los murales de Facebook o MySpace. Y las empresas empezaron a observarlos. Una tendencia que está generando agencias de monitoreo de blogs, empleados que participan en los foros dando soluciones y analistas de marketing navegando las 24 horas por la web.

CLIENTES PODEROSOS. Hace dos años, como una suerte de predicción, apareció el blog OjoconOkko creado por un cliente (antes) anónimo que compró unos cuchillos en el local de muebles y objetos orientales Okko. Posteó que los cuchillos no le duraron un mes y al intentar cambiarlos no aceptaron su devolución. A las pocas horas, el blog recibió decenas de comentarios que pronto llegaron a ser más de cien. Para sorpresa de la compañía, si alguien introducía en Google la palabra "Okko", aparecía la página del local seguida del blog de reclamos. “¡A mí me pasó lo mismo!”, “Voy a correr la voz de esto en el foro”, “Voy a copiar la queja en mi blog!”, “Estaba por comprar algo ahí pero este blog que sale justo después de la página del local me advirtió que no compre. Gracias por avisar”, se leía en respuestas que se multiplicaron en otros espacios de la web con una velocidad viral. Alguien comentó algo de un local de ropa de bebés, otro decidió hacer lo mismo por compras en Garbarino y la ola se dejó llevar por la corriente.

Un año después, Guillermo Schulmeier escribió en su blog SinSerif sobre la falla de unos zapatos que compró en Bensimon y que no le aceptaron la devolución. Una semana más tarde, posteó soprendido, “sin haberme comunicado por ningún medio con la empresa, recibí un mensaje en mi casilla de correo electrónico con el asunto ‘BENSIMON’. En el mensaje, manifestaban su preocupación por mi problema con las zapatillas y me sugerían con quién comunicarme para solucionar el inconveniente”. Según su testimonio, a los pocos días, le entregaron una nota de crédito por el importe de los zapatos.

“Es que cada vez son más las empresas que están pendientes de lo que los usuarios y bloggers dicen sobre ellas. Estos sitios son un gran focus group con miles de participantes”, explicó Daniela Hacker, que en su sitio web Noticiasdeconsumo recibe cientos de consultas. A esta nueva modalidad se la denomina webclaim. “Webclaims es un nuevo concepto que define esta práctica de reclamar, exigir y reivindicar en blogs, foros, YouTube y redes sociales”, explicó Hacker.

“A mí me pasó un montón de veces que publiqué algo en mi blog y me contactaron. El otro día puse que Movistar y Claro iban a sacar el Iphone y me llamaron de Personal para decirme que ellos también lo iban a traer”, contó Leandro Zanoni que decidió tirar de la rienda y fundar Tercerclick.com, una agencia de relevamiento y monitoreo de estas comunidades 2.0. “Además de los comentarios, ahora uno puede sacarle fotos al objeto o verlo en funcionamiento en YouTube. Todo esto cambia parámetros de la publicidad. Las empresas empiezan a estar atentas y actuar en consecuencia. A partir de eso pueden orientar campañas de marketing o modificar cosas del producto.”

Tercerclick.com es una de las precursoras en el país en realizar monitoreos sobre lo que se dice de la empresa en la web. “Este año crecimos un 300% en comparación al año pasado. Imaginate que un blog puede tener 15.000 visitas diarias, triplica a una revista.”

AFUERA. En Estados Unidos y en Europa, compañías como Coca Cola, McDonalds, Adidas y los pesos pesados de telefonía exprimen estos espacios y ya no subestiman a los webclaims. “Pero en Argentina esto está recién empezando, hay muchas empresas que todavía no conocen esto”. En la página de Tercerclick, los eslóganes que resaltan no son menores: Nike, Motorola, Arnet y Mtv.

Dereclamos, Speedyapesta, Telefórrica, Viajarcomoelorto, Comovacas, Psicofxp son algunos de los tantos sitios dedicados a los webclaims. Dereclamos tiene su propio top ten de empresas y top five de quejas. Muchos de ellos son consultados por los medios y algunas compañías se atreven a participar. “Lógicamente, a las empresas les interesa saber lo que se dice de ellas. Varias se ponen a disposición de los usuarios afectados, se disculpan y lo resuelven”, explicó Hacker. Movistar postea en Dereclamos.com. Debajo de algunas de las quejas, un empleado se presenta y ofrece una posible solución o una persona con quién contactarse.

Aunque los webclaims no tienen peso legal, su trascendencia les otorga tanto al consumidor como a la empresa un poder del que, poco a poco, empieza a medirse su alcance.

Fuente: CriticaDigital.com.ar

Denuncian que Macri quiere cerrar la Dirección del Consumidor

Lo dijo la presidenta de ADECUA y agregó que hay un desinterés absoluto por los consumidores en el Gobierno porteño.

Sandra González, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA), advirtió hoy mediante un comunicado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca "desmantelar la oficina de Dirección y Protección del Consumidor". González aseguró que se pretende "anular y disolver la oficina, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos, a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional".

Los cambios en el sector, según ADECUA, provienen del ministro a cargo del área, Francisco Cabrera. "Ha mostrado un desinterés absoluto por el trabajo de las organizaciones, y por la responsabilidad que le cabe al área correspondiente", apuntó González, al tiempo que adelantó que, de concretarse la decisión el gobierno porteño "encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada, especialmente a partir de la modificación de la norma que los obliga a ser autoridad de aplicación”.

“La orden es de Cabrera porque dice que ellos no quieren tener problemas con las empresas”, dijo la titular de ADECUA a Perfil.com. Y consultada sobre la postura del jefe de gobierno, Mauricio Macri, destacó: “Él no es ajeno a la decisión de uno de sus funcionarios”.

Fuente: Perfil.com

Cayó la confianza de los consumidores.

En junio, el índice se desplomó 22,8% respecto de igual mes de 2007. Las expectativas retrocedieron a un mínimo de cinco años debido a la incertidumbre política en el país.

BUENOS AIRES.- La confianza de los consumidores argentinos se desplomó a un mínimo de cinco años en junio ante un deterioro de las expectativas de la población en medio de un tenso clima político, de acuerdo con un informe privado. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,8% en junio en relación a mayo pasado y 22,8% si se compara con junio de 2007, según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este índice exhibió una fuerte contracción en el Interior del país (-4,6%), seguido por Capital Federal (-1,2%) y luego por el Gran Buenos Aires (-0,3%).
La entidad señaló que los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC) en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 10 de junio.
El ICC cayó 1,8% en relación a mayo, mientras que la caída interanual fue de 22,8%.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que la caída en el Indice de Confianza del Consumidor en junio “lleva al índice a sus niveles mínimos de los últimos cinco años. La caída en la confianza se observó en todas las regiones del país, pero fue más fuerte en el Interior (-4,6%)”.

Comportamiento dispar
Por otro lado, Sandleris añadió que el comportamiento de los distintos subíndices fue dispar en junio.
Mientras que Durables e Inmuebles disminuyó 9,5%, Expectativas Macroeconómicas se recuperó un 2,4% y Situación Personal prácticamente no exhibió cambios en relación al mes pasado (+0,5%).
La caída en el subíndice de Durables e Inmuebles obedece a una fuerte contracción en la intención de compra de Electrodomésticos (-16%), mientras que la intención de compra de autos y casas se mantuvo prácticamente inalterada (0,7%).
Finalmente, el director del CIF señaló que, a nivel nacional “se observa un aumento del componente que captura las expectativas globalmente consideradas (1,9%), relacionado con la importante recuperación en Capital Federal”.
No obstante, concluyó, “se observó un mayor pesimismo en cuanto a las condiciones presentes (-6%). (NA - Reuter).

Fuente: LaGaceta.com.ar

Manual de estilo para los usuarios enojados

Una encuesta dice que 9 de cada 10 personas sufrieron problemas con empresas de servicios, pero sólo 6 de cada 10 hicieron el reclamo como corresponde.

Si no son todos, al menos casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de contratar un servicio o comprar un producto. Así lo refleja una encuesta de D’Alessio Irol según la cual 9 de cada 10 consultados sufrieron inconvenientes. Sin embargo, sólo poco más de la mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa al consumidor no se plasma en la práctica.

“La gente desconoce que existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice Pedro Bussetti, de DEUCO–. Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente hay que reclamar: es cierto que no todas las oficinas responden adecuadamente, pero siempre está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.

Entre las principales causas por las cuales los encuestados prefieren morderse el labio y volver a casa con bronca, está la complejidad del proceso para reclamar, la cantidad de tiempo que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente con alguien responsable.

Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende agilizar diversos mecanismos de reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del blog www.noticiasdeconsumo.com, da un ejemplo: “La nueva ley establece que se puede dar de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72 horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A pesar de esto, una de las causas de malestar es la imposibilidad de dar de baja un servicio. No saben cómo hacerlo.

La encuesta arroja que 8 de cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró la antigua norma, que extendió el plazo de garantías de bienes de uso de tres a seis meses, que habilita a pedir una reparación monetaria de hasta 5.000 pesos por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de cualquier proceso de reclamo.

“No se conoce la nueva ley ni la vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los planes de estudio en los colegios y es una materia que se debería tratar desde que se sancionó en la constitución del ‘94”, opina Bussetti. Hacker refuerza: “Aún no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos derechos y la publicidad oficial no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto de subsecretario de Defensa del Consumidor estuvo vacante y sólo hace dos semanas asumió Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de su función sea la difusión”.

Para Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es que los empleados de los comercios desconocen las normas que deben respetar. Lo vivió en carne propia: se acercó a un local para devolver un par de zapatos que había comprado tres días antes y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica. Obviamente, Andrada ejerció su función de educadora, le dio una breve lección a la vendedora pero no logró más que un “no estoy estoy al tanto de nada”.

“No hay una intencionalidad de las empresas de informar a sus empleados ni a los encargados de locales. Si ellos no concen la ley, es muy difícil que se cumpla. En principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas empresas en la capacitación del personal. Si la ley no se conoce, es letra muerta”, dice.

Pero, a veces, conocer la ley no alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más rápido que la legislación. De ahí que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren esos llamados que se reciben a cualquier horario en el hogar en el que se ofrecen todo tipo de servicios o los mensajes de texto con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen de las mismas empresas que no solucionan los problemas de sus usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las 8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos, tarjetas de crédito.

Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa serie de abogados Ally Mc Beal, uno de los personajes les hace jucio, y lo gana, a las telefónicas que hacen este tipo de llamados promocionales que alteran la paz hogareña–, en la Argentina no hay ninguna norma que permita combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se habló de hacer un registro para aquellas pesonas que no querían recibir publicidad a través de la línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico y que quedó en la nada.

“En rigor, el usuario debería quejarse en el ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que aún no hay un marco regulatorio para estos casos, como tampoco lo hay para la telefonía móvil, ni para internet o la televisión por cable: el Estado está atrasado tanto en relación a la normativa como en relación a la defensa de los derechos de este tipo”, dice Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto de los derechos de los consumidores implica una mejora en la distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería dinero– y en la calidad de vida, le darían mucha más difusión a este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”.

Fuente: CriticaDigital.com.ar

Un centenar de personas se capacitan sobre derechos del consumidor

HOY SE REALIZA UN ENCUENTRO REGIONAL EN TRELEW

La Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores y usuarios realiza este evento los días 18 y 19 de junio. Disertan técnicos de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. Ya hay un centenar de inscriptos que participaran de la misma.

La Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios de la provincia del Chubut informó que hoy a las 10 de la mañana comienza la "Jornada Regional de Capacitación sobre Defensa del Consumidor".

La misma se llevará a cabo en la sede del Sindicato de Comercio de Trelew, sito en la calle Edison Nº 330, esquina 25 de Mayo. Estarán presente en el inicio Jerónimo García, secretario de Trabajo de la Provincia; Gustavo Monesterolo, director general de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios provincial, Marcelo Ochoa Alsina, Director de Defensa del Consumidor, además de funcionarios de Comercio Interior provincial y titulares de delegaciones de ambas áreas de ciudades y del interior del Chubut.

El doctor Oscar Bermejo, asesor jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor Nacional y la doctora María Fernanda Benzrihen, perteneciente a la coordinación legal y técnica del sistema nacional de arbitraje de consumo de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, disertarán sobre los derechos reconocidos por la ley Nº 26.361 que modifica a la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor; la resolución del Expediente; el Servicio Público Domiciliario; el Arbitraje del Consumo como Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, entre otros temas.

La capacitación esta destinada a diferentes profesionales vinculados al tema en cuestión, delegaciones de defensa del consumidor de diferentes localidades y personal municipal o de comunas rurales que estén afectados al área.

Por otra parte, y con el objetivo de sumar las fuerzas necesarias para una mayor comprensión en la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios, se extiende la invitación a participar de la Jornada de Capacitación, a los trabajadores de prensa de diferentes medios de comunicación de la provincia del Chubut.

Finalmente, la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios del Chubut comunica que existirá una guardia para informes en la sede de la Dirección de Defensa del Consumidor ubicada en la calle Alejandro Maíz, Nº 28 de la ciudad de Rawson. El teléfono de la oficina es (02965) 483420 y la línea gratuita es 0800 – 999 – 7843.

Fuente: DiarioDeMadryn.com