Lo dijo la presidenta de ADECUA y agregó que hay un desinterés absoluto por los consumidores en el Gobierno porteño.
Sandra González, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor (ADECUA), advirtió hoy mediante un comunicado que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca "desmantelar la oficina de Dirección y Protección del Consumidor". González aseguró que se pretende "anular y disolver la oficina, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos, a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional".
Los cambios en el sector, según ADECUA, provienen del ministro a cargo del área, Francisco Cabrera. "Ha mostrado un desinterés absoluto por el trabajo de las organizaciones, y por la responsabilidad que le cabe al área correspondiente", apuntó González, al tiempo que adelantó que, de concretarse la decisión el gobierno porteño "encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada, especialmente a partir de la modificación de la norma que los obliga a ser autoridad de aplicación”.
“La orden es de Cabrera porque dice que ellos no quieren tener problemas con las empresas”, dijo la titular de ADECUA a Perfil.com. Y consultada sobre la postura del jefe de gobierno, Mauricio Macri, destacó: “Él no es ajeno a la decisión de uno de sus funcionarios”.
Fuente: Perfil.com
viernes, 27 de junio de 2008
lunes, 23 de junio de 2008
Cayó la confianza de los consumidores.
En junio, el índice se desplomó 22,8% respecto de igual mes de 2007. Las expectativas retrocedieron a un mínimo de cinco años debido a la incertidumbre política en el país.
BUENOS AIRES.- La confianza de los consumidores argentinos se desplomó a un mínimo de cinco años en junio ante un deterioro de las expectativas de la población en medio de un tenso clima político, de acuerdo con un informe privado. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,8% en junio en relación a mayo pasado y 22,8% si se compara con junio de 2007, según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este índice exhibió una fuerte contracción en el Interior del país (-4,6%), seguido por Capital Federal (-1,2%) y luego por el Gran Buenos Aires (-0,3%).
La entidad señaló que los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC) en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 10 de junio.
El ICC cayó 1,8% en relación a mayo, mientras que la caída interanual fue de 22,8%.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que la caída en el Indice de Confianza del Consumidor en junio “lleva al índice a sus niveles mínimos de los últimos cinco años. La caída en la confianza se observó en todas las regiones del país, pero fue más fuerte en el Interior (-4,6%)”.
Comportamiento dispar
Por otro lado, Sandleris añadió que el comportamiento de los distintos subíndices fue dispar en junio.
Mientras que Durables e Inmuebles disminuyó 9,5%, Expectativas Macroeconómicas se recuperó un 2,4% y Situación Personal prácticamente no exhibió cambios en relación al mes pasado (+0,5%).
La caída en el subíndice de Durables e Inmuebles obedece a una fuerte contracción en la intención de compra de Electrodomésticos (-16%), mientras que la intención de compra de autos y casas se mantuvo prácticamente inalterada (0,7%).
Finalmente, el director del CIF señaló que, a nivel nacional “se observa un aumento del componente que captura las expectativas globalmente consideradas (1,9%), relacionado con la importante recuperación en Capital Federal”.
No obstante, concluyó, “se observó un mayor pesimismo en cuanto a las condiciones presentes (-6%). (NA - Reuter).
Fuente: LaGaceta.com.ar
BUENOS AIRES.- La confianza de los consumidores argentinos se desplomó a un mínimo de cinco años en junio ante un deterioro de las expectativas de la población en medio de un tenso clima político, de acuerdo con un informe privado. El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,8% en junio en relación a mayo pasado y 22,8% si se compara con junio de 2007, según el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
Este índice exhibió una fuerte contracción en el Interior del país (-4,6%), seguido por Capital Federal (-1,2%) y luego por el Gran Buenos Aires (-0,3%).
La entidad señaló que los resultados del Indice de Confianza del Consumidor (ICC) en base a encuestas realizadas entre el 1 y el 10 de junio.
El ICC cayó 1,8% en relación a mayo, mientras que la caída interanual fue de 22,8%.
Guido Sandleris, director del Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT, sostuvo que la caída en el Indice de Confianza del Consumidor en junio “lleva al índice a sus niveles mínimos de los últimos cinco años. La caída en la confianza se observó en todas las regiones del país, pero fue más fuerte en el Interior (-4,6%)”.
Comportamiento dispar
Por otro lado, Sandleris añadió que el comportamiento de los distintos subíndices fue dispar en junio.
Mientras que Durables e Inmuebles disminuyó 9,5%, Expectativas Macroeconómicas se recuperó un 2,4% y Situación Personal prácticamente no exhibió cambios en relación al mes pasado (+0,5%).
La caída en el subíndice de Durables e Inmuebles obedece a una fuerte contracción en la intención de compra de Electrodomésticos (-16%), mientras que la intención de compra de autos y casas se mantuvo prácticamente inalterada (0,7%).
Finalmente, el director del CIF señaló que, a nivel nacional “se observa un aumento del componente que captura las expectativas globalmente consideradas (1,9%), relacionado con la importante recuperación en Capital Federal”.
No obstante, concluyó, “se observó un mayor pesimismo en cuanto a las condiciones presentes (-6%). (NA - Reuter).
Fuente: LaGaceta.com.ar
jueves, 19 de junio de 2008
Manual de estilo para los usuarios enojados
Una encuesta dice que 9 de cada 10 personas sufrieron problemas con empresas de servicios, pero sólo 6 de cada 10 hicieron el reclamo como corresponde.
Si no son todos, al menos casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de contratar un servicio o comprar un producto. Así lo refleja una encuesta de D’Alessio Irol según la cual 9 de cada 10 consultados sufrieron inconvenientes. Sin embargo, sólo poco más de la mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa al consumidor no se plasma en la práctica.
“La gente desconoce que existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice Pedro Bussetti, de DEUCO–. Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente hay que reclamar: es cierto que no todas las oficinas responden adecuadamente, pero siempre está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.
Entre las principales causas por las cuales los encuestados prefieren morderse el labio y volver a casa con bronca, está la complejidad del proceso para reclamar, la cantidad de tiempo que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente con alguien responsable.
Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende agilizar diversos mecanismos de reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del blog www.noticiasdeconsumo.com, da un ejemplo: “La nueva ley establece que se puede dar de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72 horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A pesar de esto, una de las causas de malestar es la imposibilidad de dar de baja un servicio. No saben cómo hacerlo.
La encuesta arroja que 8 de cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró la antigua norma, que extendió el plazo de garantías de bienes de uso de tres a seis meses, que habilita a pedir una reparación monetaria de hasta 5.000 pesos por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de cualquier proceso de reclamo.
“No se conoce la nueva ley ni la vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los planes de estudio en los colegios y es una materia que se debería tratar desde que se sancionó en la constitución del ‘94”, opina Bussetti. Hacker refuerza: “Aún no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos derechos y la publicidad oficial no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto de subsecretario de Defensa del Consumidor estuvo vacante y sólo hace dos semanas asumió Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de su función sea la difusión”.
Para Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es que los empleados de los comercios desconocen las normas que deben respetar. Lo vivió en carne propia: se acercó a un local para devolver un par de zapatos que había comprado tres días antes y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica. Obviamente, Andrada ejerció su función de educadora, le dio una breve lección a la vendedora pero no logró más que un “no estoy estoy al tanto de nada”.
“No hay una intencionalidad de las empresas de informar a sus empleados ni a los encargados de locales. Si ellos no concen la ley, es muy difícil que se cumpla. En principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas empresas en la capacitación del personal. Si la ley no se conoce, es letra muerta”, dice.
Pero, a veces, conocer la ley no alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más rápido que la legislación. De ahí que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren esos llamados que se reciben a cualquier horario en el hogar en el que se ofrecen todo tipo de servicios o los mensajes de texto con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen de las mismas empresas que no solucionan los problemas de sus usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las 8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos, tarjetas de crédito.
Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa serie de abogados Ally Mc Beal, uno de los personajes les hace jucio, y lo gana, a las telefónicas que hacen este tipo de llamados promocionales que alteran la paz hogareña–, en la Argentina no hay ninguna norma que permita combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se habló de hacer un registro para aquellas pesonas que no querían recibir publicidad a través de la línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico y que quedó en la nada.
“En rigor, el usuario debería quejarse en el ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que aún no hay un marco regulatorio para estos casos, como tampoco lo hay para la telefonía móvil, ni para internet o la televisión por cable: el Estado está atrasado tanto en relación a la normativa como en relación a la defensa de los derechos de este tipo”, dice Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto de los derechos de los consumidores implica una mejora en la distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería dinero– y en la calidad de vida, le darían mucha más difusión a este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
Si no son todos, al menos casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de contratar un servicio o comprar un producto. Así lo refleja una encuesta de D’Alessio Irol según la cual 9 de cada 10 consultados sufrieron inconvenientes. Sin embargo, sólo poco más de la mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa al consumidor no se plasma en la práctica.
“La gente desconoce que existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice Pedro Bussetti, de DEUCO–. Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente hay que reclamar: es cierto que no todas las oficinas responden adecuadamente, pero siempre está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.
Entre las principales causas por las cuales los encuestados prefieren morderse el labio y volver a casa con bronca, está la complejidad del proceso para reclamar, la cantidad de tiempo que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente con alguien responsable.
Sin embargo, la nueva Ley de Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende agilizar diversos mecanismos de reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del blog www.noticiasdeconsumo.com, da un ejemplo: “La nueva ley establece que se puede dar de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72 horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A pesar de esto, una de las causas de malestar es la imposibilidad de dar de baja un servicio. No saben cómo hacerlo.
La encuesta arroja que 8 de cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró la antigua norma, que extendió el plazo de garantías de bienes de uso de tres a seis meses, que habilita a pedir una reparación monetaria de hasta 5.000 pesos por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de cualquier proceso de reclamo.
“No se conoce la nueva ley ni la vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los planes de estudio en los colegios y es una materia que se debería tratar desde que se sancionó en la constitución del ‘94”, opina Bussetti. Hacker refuerza: “Aún no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos derechos y la publicidad oficial no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto de subsecretario de Defensa del Consumidor estuvo vacante y sólo hace dos semanas asumió Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de su función sea la difusión”.
Para Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es que los empleados de los comercios desconocen las normas que deben respetar. Lo vivió en carne propia: se acercó a un local para devolver un par de zapatos que había comprado tres días antes y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica. Obviamente, Andrada ejerció su función de educadora, le dio una breve lección a la vendedora pero no logró más que un “no estoy estoy al tanto de nada”.
“No hay una intencionalidad de las empresas de informar a sus empleados ni a los encargados de locales. Si ellos no concen la ley, es muy difícil que se cumpla. En principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas empresas en la capacitación del personal. Si la ley no se conoce, es letra muerta”, dice.
Pero, a veces, conocer la ley no alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más rápido que la legislación. De ahí que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren esos llamados que se reciben a cualquier horario en el hogar en el que se ofrecen todo tipo de servicios o los mensajes de texto con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen de las mismas empresas que no solucionan los problemas de sus usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las 8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos, tarjetas de crédito.
Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa serie de abogados Ally Mc Beal, uno de los personajes les hace jucio, y lo gana, a las telefónicas que hacen este tipo de llamados promocionales que alteran la paz hogareña–, en la Argentina no hay ninguna norma que permita combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se habló de hacer un registro para aquellas pesonas que no querían recibir publicidad a través de la línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico y que quedó en la nada.
“En rigor, el usuario debería quejarse en el ente regulador, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que aún no hay un marco regulatorio para estos casos, como tampoco lo hay para la telefonía móvil, ni para internet o la televisión por cable: el Estado está atrasado tanto en relación a la normativa como en relación a la defensa de los derechos de este tipo”, dice Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto de los derechos de los consumidores implica una mejora en la distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería dinero– y en la calidad de vida, le darían mucha más difusión a este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”.
Fuente: CriticaDigital.com.ar
miércoles, 18 de junio de 2008
Un centenar de personas se capacitan sobre derechos del consumidor
HOY SE REALIZA UN ENCUENTRO REGIONAL EN TRELEW
La misma se llevará a cabo en la sede del Sindicato de Comercio de Trelew, sito en
El doctor Oscar Bermejo, asesor jurídico de
La capacitación esta destinada a diferentes profesionales vinculados al tema en cuestión, delegaciones de defensa del consumidor de diferentes localidades y personal municipal o de comunas rurales que estén afectados al área.
Por otra parte, y con el objetivo de sumar las fuerzas necesarias para una mayor comprensión en la difusión de los derechos de los consumidores y usuarios, se extiende la invitación a participar de
Finalmente,
Fuente: DiarioDeMadryn.com
jueves, 12 de junio de 2008
Ocho de cada diez consumidores no saben cuáles son sus derechos
Surge de una encuesta en todo el país. Lo que hay que saber para reclamar.
Después de más de tres años de discusión, los legisladores acordaron modificaciones que brindan más herramientas para enfrentar abusos. Algunos de esos cambios son: la extensión de tres a seis meses el plazo de las garantías de electrodomésticos o ropa; el derecho a pedir la baja de un servicio que se contrató por teléfono o por Internet mediante el mismo medio; y la posibilidad de reclamar una multa por daño (antes iba a as arcas del Estado) de hasta unos 5.000 pesos en caso de un artículo defectuoso o un servicio que no cumplió con lo prometido.
Pero a pesar de estos avances, una encuesta realizada por D'Alessio Irol para Clarín indica que el 79% de los consumidores no tiene conocimiento de los derechos que les otorga
Los expertos consultados por Clarín coinciden en que la gente no conoce estas herramientas porque falta mayor difusión por parte del Estado. "La ley es buena pero falla la implementación", asegura Pablo Chamatrópulos, del Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (CODEC).
"Son pocos los consumidores que acceden a la ley --agrega-- comparados con la cantidad de abusos que existen a diario en el mercado. Peor es el diagnóstico en cuanto al rol del Estado: salvo algunas excepciones, a duras penas los organismos oficiales se dedican a conciliar los casos que reciben".
Con la reforma también se aumentó diez veces el tope máximo de multas que el Estado puede aplicar a las empresas que cometen infracciones: ahora es de $ 5.000.000, antes era de $ 500 mil. Pero para Chamatrópulos "en más de 10 años de aplicación de la ley la autoridad nacional no aplicó ni siquiera la mitad del máximo. Apenas registramos dos antecedentes de multas de $ 500 mil".
Daniela Hacker, autora del blog noticiasdeconsumo.com, destaca que con esta modificación, los consumidores tienen la opción de reclamar por servicios públicos en los organismos de Defensa del Consumidor. "Esto es fundamental, debido a que los entes reguladores (por ejemplo
Horacio Bersten, coordinador jurídico de
La diputada Patricia Vaca Narvaja, ex subsecretaria de Defensa del Consumidor y una de las principales promotoras de la reforma, afirma: "
Pero lo cierto es que
Fuente: Diario Clarin
miércoles, 11 de junio de 2008
EL INDEC PRESENTO LOS CAMBIOS METODOLOGICOS EN EL INDICE DE INFLACION
LOS PRECIOS SUBIERON 0,6 POR CIENTO EN MAYO. El IPC es nuevo, la polémica la de siempre.
El debut del indicador no despejó las dudas del último año y medio. El Indec dio una escueta explicación de los cambios. No informó cuánto habría sido la inflación con el IPC anterior ni cómo evolucionan los precios de los alimentos.
Si el Indec quería recuperar credibilidad con el nuevo índice de inflación, el informe que entregó ayer ayuda poco. Más bien, confirma la línea del último año y medio de no explicar las razones de los cambios. Como no existe fundamentación de los criterios, la apariencia es que se cometen arbitrariedades para ocultar la verdadera evolución de los precios. El remozado IPC arrojó en mayo un alza de 0,6 por ciento.
Con esta nueva base, el Indec determinó que el rubro Alimentos y bebidas aumentó sólo 0,1 por ciento en mayo, con una caída de 0,6 en alimentos para consumir en el hogar. Dentro de ese ítem, el organismo registró una baja de 4,5 por ciento en el precio de la carne. En contrapartida, detectó subas de 1,4 en lácteos y huevos, 2,1 en panificados, 2,9 en frutas y 3,1 en bebidas alcohólicas. El mayor incremento se dio en el rubro Educación, con 3,7 por ciento, a causa de los aumentos de las cuotas en los colegios privados, del 4,3. La indumentaria aumentó 1,2 por ciento, mientras que en Atención médica se observó un salto de 1,1 y en Transporte y comunicaciones, del 1. Por el persistente aumento de los alquileres (1,5), el rubro Viviendas exhibió un avance de 0,7 por ciento. En lo que va del año, el IPC subió 4,0 por ciento, mientras que en doce meses trepó a 9,1.
El Indec concretó el anunciado cambio metodológico en la elaboración del IPC, pero no entregó información vital para saber cómo queda: cuál es la nueva canasta de bienes y servicios, cuáles son sus ponderaciones, cómo operan las canastas móviles, por qué se quitaron determinados bienes y servicios de la medición y se dejaron otros, por qué se tomó sólo el mes de abril para establecer la nueva base en lugar de un período de un año y cómo se ajustarán las series. Este diario buscó respuestas en el organismo, pero no consiguió siquiera ser atendido. El informe de apenas siete carillas que difundió el Indec deja todos esos interrogantes.
Por ahora, lo que se sabe es que el IPC ya no registra qué pasó con los precios en las rotiserías, restaurantes, infusiones y condimentos. En el rubro Indumentaria, se dejaron de relevar los precios de accesorios (bijouterie, cinturones, carteras), telas, hilados y artículos de mercería, confección (sastre) y reparación de ropa. En Vivienda y en Equipamiento del Hogar se excluyeron del IPC el costo de las expensas, el salario del servicio doméstico y los aranceles de plomeros, gasistas y demás personal encargado de reparaciones. No hay más desagregación de los costos de medicamentos y prepagas, aunque las autoridades del Indec dijeron que sí se continúan midiendo. Tampoco se desagrega la información en Transporte ni en Otros Bienes y Servicios, adonde antes figuraban cigarrillos, artículos de tocador y servicios para el cuidado personal, entre otros. En Esparcimiento, desaparece la estimación de precios de equipos, conexiones y servicios de audio, televisión y computación, juguetes y artículos para el deporte, flores y plantas.
La canasta de bienes y servicios que antes de estos cambios incluía 818 variedades ahora quedó en 440. La explicación que dieron las autoridades del Indec en un seminario a comienzos de mayo fue que la media histórica en Argentina osciló entre 400 y 500 productos, mientras que en la convertibilidad se llegó a esa cifra de 818 para incluir bienes importados cuyos precios eran más bajos que los de producción local. Al ampliar tanto la base, dijeron, se disimulaba la inflación. Ahora, en cambio, se busca representar el patrón de consumo del 70 por ciento de la sociedad, excluyendo gastos suntuarios de clase media alta y alta, como flores de Colombia o viajes al Caribe.
Para algunos analistas, la nueva canasta quedó demasiado limitada, ya que es incluso más chica que la que regía en 1988, con 526 productos. “Con todos los bienes y servicios que se incorporaron en las últimas dos décadas, no puede ser que la canasta actual sea más reducida que la de entonces”, advirtió Ricardo Delgado, de Ecolatina. También objetó que se excluyan gastos típicos de clase media como la compra de comida en rotiserías y restaurantes, y que no se sepa qué ocurre con el precio de la nafta, en momentos en que el petróleo se encarece día a día.
El Indec actualizó la base con los datos de
Fuente: Página12 / Por David Cufré
viernes, 6 de junio de 2008
¿ QUÉ HACEMOS CON CABLEVISIÓN ? -
CableVisión está anunciando un aumento de 11,50% en la tarifa de su servicio.
Cada 3 meses aumenta el precio desde que lo controla Grupo Clarín. María Colombo, alias 'Pimpi', es la nueva responsable de Defensa del Consumidor, ¿qué dira al respecto?
Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, hizo circular la siguiente nota (el nombre de la persona Urgente24 prefiere omitirlo para no provocarle dificultades):
"He leído ayer que se desregulará el servicio telefónico y que Telefónica y Telecom podrán brindar el servicio de TV por cable, hoy he visto también en vuestro sitio que nombran una luchadora por los derechos de los consumidores, María 'Pimpi' Colombo, a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, hasta ahí las buenas nuevas. Hoy recibí la factura de junio de Cablevisión donde anuncian para julio un aumento del 11,50%. Es indignante Sres.: cada tres meses aumentan. El cable no es un lujo, pues sin él es imposible ver TV en la Ciudad de Buenos Aires, y por el costo se hace casi inaccesible, si el usuario del servicio es jubilado peor aun. Me intriga saber porqué el Sr. Guillermo Moreno no los controla a Cablevisión y Multicanal quienes, como formadores de precios, generan inflación, aunque esto no lo registre el INdEC".
Deberían explicar algo al respecto:
> Mónica Gobea, en la Secretaría de Defensa del Consumidor,
> María Colombo, alias 'Pimpi', nueva Secretaria de Estado.
Fuentes de las empresas Cablevisión y Multicanal le aclararon a Enciclomedios que, tal como consta en las boletas correspondientes al abono del mes de junio, se notificó a los usuarios la noticias y puntualizaron que "se informó en tiempo y forma". La alusión tiene que ver con la cuestión temporal: los servicios publicos deben comunicar los aumentos 60 dias antes y no 30, y es una consecuencia de la discusión acerca de si el cable es un servicio publico.
El problema es bien sencillo:
> Cristina de Kirchner dijo hace tres semanas -en oportunidad del debate sobre la nueva Ley de Radiodifusion- que el cable es un "servicio publico". Pero en CableVision y Multicanal dicen que "el cable no es un servicio público por lo cual no tiene que notificar los aumentos con 60 días de anticipación sino con 30 días".
La leyenda que acompaña las facturas de este mes llevan impresa la leyenda "Estimado cliente: a partir de julio de 2008 el precio de la tarifa nacional básica de TV por cable tendrá un aumento de 11,5%. A su vez, el precio de lista del servicio de Internet se incrementará en $ 10".
Fuente: Urgente24.com
Cada 3 meses aumenta el precio desde que lo controla Grupo Clarín. María Colombo, alias 'Pimpi', es la nueva responsable de Defensa del Consumidor, ¿qué dira al respecto?
Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, hizo circular la siguiente nota (el nombre de la persona Urgente24 prefiere omitirlo para no provocarle dificultades):
"He leído ayer que se desregulará el servicio telefónico y que Telefónica y Telecom podrán brindar el servicio de TV por cable, hoy he visto también en vuestro sitio que nombran una luchadora por los derechos de los consumidores, María 'Pimpi' Colombo, a cargo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, hasta ahí las buenas nuevas. Hoy recibí la factura de junio de Cablevisión donde anuncian para julio un aumento del 11,50%. Es indignante Sres.: cada tres meses aumentan. El cable no es un lujo, pues sin él es imposible ver TV en la Ciudad de Buenos Aires, y por el costo se hace casi inaccesible, si el usuario del servicio es jubilado peor aun. Me intriga saber porqué el Sr. Guillermo Moreno no los controla a Cablevisión y Multicanal quienes, como formadores de precios, generan inflación, aunque esto no lo registre el INdEC".
Deberían explicar algo al respecto:
> Mónica Gobea, en la Secretaría de Defensa del Consumidor,
> María Colombo, alias 'Pimpi', nueva Secretaria de Estado.
Fuentes de las empresas Cablevisión y Multicanal le aclararon a Enciclomedios que, tal como consta en las boletas correspondientes al abono del mes de junio, se notificó a los usuarios la noticias y puntualizaron que "se informó en tiempo y forma". La alusión tiene que ver con la cuestión temporal: los servicios publicos deben comunicar los aumentos 60 dias antes y no 30, y es una consecuencia de la discusión acerca de si el cable es un servicio publico.
El problema es bien sencillo:
> Cristina de Kirchner dijo hace tres semanas -en oportunidad del debate sobre la nueva Ley de Radiodifusion- que el cable es un "servicio publico". Pero en CableVision y Multicanal dicen que "el cable no es un servicio público por lo cual no tiene que notificar los aumentos con 60 días de anticipación sino con 30 días".
La leyenda que acompaña las facturas de este mes llevan impresa la leyenda "Estimado cliente: a partir de julio de 2008 el precio de la tarifa nacional básica de TV por cable tendrá un aumento de 11,5%. A su vez, el precio de lista del servicio de Internet se incrementará en $ 10".
Fuente: Urgente24.com
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