Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho

Si la empresa está cabrera, yo me quedo pancho

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál?
Por Enrique Colombano

El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad no quería estar más en el medio de las disputas entre empresas y consumidores. Y optó por uno de los dos grupos. ¿Por cuál? Sí. Adivinó. Francisco Cabrera desea fomentar las inversiones y no se le ocurrió mejor idea que desmantelar la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDPC) y pasarle el control de la pelota a los CGP Comunales, que dependen de la Jefatura de Gabinete. Todo bajo la bandera de la descentralización, que durante la administración Macri dejó de flamear en un ministerio para tibiamente ondear en una dirección general, es decir, un área de tercer nivel.

Lo que estamos contando en estas líneas es la historia no oficial que manejan los diputados porteños. No oficial porque, según supo NOTICIAS URBANAS, fue negada por el ministro en los diálogos telefónicos que mantuvo con algunos de los exacerbados legisladores. La desmentida no impidió que el diputado Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) redactara, con el apoyo explícito de Ivana Centanaro (FPV) -titular de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios- y de varios legisladores más, un proyecto para que el Parlamento porteño manifieste su "preocupación" ante la eventualidad de este cierre.

¿Cuáles son los peligros que, de concretarse, esconde esta movida gubernamental? Para los empleados que trabajan en la DGDPC, el mayor riesgo es el despido. Para los usuarios y consumidores, que sus reclamos queden en la nada.

PILAS DE DENUNCIAS

La DGDPC recibió el año pasado 9.428 presentaciones de usuarios por abusos empresariales y este año, 7.800 más. Las denuncias pueden realizarse directamente en el edificio central, Esmeralda 340, o en los CGPC, que funcionan como ventanillas de atención.

Los expedientes sin resolución caducan a los tres años. A pesar de contar con una vasta estructura, la DGDPC tuvo que emitir este año una resolución dando de baja 2.000 expedientes vencidos durante 2006 y 2007. No hacen falta más datos para imaginarse qué puede pasar si la Dirección desaparece y es suplantada por un mini departamento que coordine las presentaciones de los usuarios en los CGPC, tal como amenaza la versión que manejan los diputados. Lo más probable es que las acciones de defensa del consumidor se vean reducidas a la mera recepción formal de reclamos por parte del Gobierno porteño.

Los rubros que están al tope de los cuestionamientos son los mismos de siempre: telefonía celular, cable /internet y empresas de electrodomésticos que no respetan las garantías de los productos. Una vez efectuada la queja, la DGDPC procede a citar a las partes en disputa a una audiencia voluntaria. No es necesario concurrir con un letrado patrocinante. Se le explica a la parte demandada cómo es la ley y que, de comprobarse su culpabilidad, se le puede aplicar una multa de hasta 5 millones de pesos. Seis de cada diez casos, en promedio, llegan a una conciliación en esa instancia. Si no hay acuerdo, el expediente pasa a un cuerpo de abogados que dictamina y procede a multar a las empresas que considere incumplidoras de la ley nacional 24.240, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa norma, recientemente modificada, incorporó el recurso de daño directo, que establece que la empresa multada debe, además, indemnizar al consumidor o usuario perjudicado en la medida del daño causado. Por cuestiones operativas, esto aún no se aplica en la Ciudad, donde los usuarios sólo son resarcidos en caso de conciliación. En la DGDPC también funciona el área que vela por el cumplimiento de la Ley de Lealtad Comercial y que castiga a las compañías que, por ejemplo, hacen publicidad engañosa.

"Muchos legisladores porteños, y algunos medios, nos han hecho llegar la preocupación respecto del análisis que está realizando en estos momentos el Gobierno de Mauricio Macri, a partir de la iniciativa del Ministro del Área, Francisco Cabrera, para disolver las oficinas de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor. De tomarse esta decisión, el Jefe de Gobierno encontrará en las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores una oposición cerrada", advierte la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), Sandra González, en el sitio web de esa organización. Allí se denuncia que el gobierno de Macri "quiere anular y disolver la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, otorgándole la potestad exclusiva de la defensa de dichos derechos a la Subsecretaría homónima dependiente del Gobierno Nacional". La versión difiere en este último punto de la que circula en la Legislatura. Pero no en la cuestión central.

El día previo a la última sesión -que finalmente se cayó- y por pedido del titular del bloque PRO, Oscar Moscariello, los diputados de la oposición habían aceptado transformar el proyecto que declaraba la preocupación del cuerpo legislativo en un pedido de informes al Gobierno porteño. Se trata de un cambio que busca bajar los decibeles a la disputa. Se entiende: una declaración da por sentado el hecho; un pedido de informes, en cambio, interroga sobre su existencia. Y así, si el ambiente se calienta demasiado, el Ejecutivo puede negar todo.

El mejor de los escenarios, entonces, es el siguiente: la oposición se conforma con que Cabrera retroceda y acá no ha pasado nada. En el Gobierno dirán que hubo un poco de paranoia legislativa.

Y estas líneas serán un nuevo invento del periodismo.